Denuncias añejas

LA CUESTIÓN JUDICIAL no tiene discusión, se acata y punto. Eso habrá que hacer cuando las sentencias sobre el polémico cielo abierto de El Feixolín sean firmes, acatarlas. Mientras tanto, el culebrón de la explotación de la MSP puede alcanzar cotas absurdas. Primero, por haber llegado a este punto justo cuando la explotación está a punto de agotarse y lo que queda por hacer es la recuperación del entorno. Si la mina tiene irregularidades en alguna de las licencias necesarias para llevar a cabo la extracción, el problema debía haberse resuelto mucho antes: el coto tardó trece años en conseguir las licencias de actividad, lleva una década explotándose y desde mediados del 2004 cuenta con un proyecto aprobado para recomponer lo descompuesto en la medida de lo posible antes de que termine el 2007. El caso es que las sentencias sobre denuncias añejas llegan ahora, y de momento lo que se ha decretado es la paralización de la actividad en la corta. Doctores tiene la Iglesia, abogados las partes y jueces la justicia, que deberán determinar qué culpas, castigos y reparaciones se hacen a infractores, perjudicados y, si es el caso, a quienes no cumplieron los deberes administrativos que tienen encomendados. Pero lo que no parece de recibo en ningún caso es que el pagano de este cúmulo de desbarajustes -además de los trabajadores sobre los que pesan las correspondientes amenazas de despido- sea una comarca que deba cargar con el lastre de un monte destrozado y no reparado. Y, menos, que sea el erario público el que pague los platos rotos del descalabro.