La prueba del algodón de los fondos europeos

EL ÚNICO REPRESENTANTE de la UPL en las Cortes de Castilla y León, Joaquín Otero, aceptó las explicaciones de Juan Vicente Herrera sobre el reparto de los 900 millones de los Fondos de Cohesión. Otero se mostró satisfecho de que el presidente de la Junta haya asegurado en el Pleno de las Cortes que los fondos pactados con Zapatero se destinarán únicamente a León, Zamora, Salamanca y Avila, provincias que en conjunto definen un territorio cuya renta media no alcanza el 75 por ciento de la europea. De esta forma se ha pretendido zanjar una polémica suscitada por el vicepresidente Tomás Villanueva, quien abogaba por un reparto discrecional, sin atender a los principios de equilibrio que precisamente justifican la dotación económica establecida para compensar a las zonas más pobres de Castilla y León, cuando afortunadamente otras provincias de la misma comunidad han logrado ya situarse en niveles europeos. Incluso por encima, como es el caso de Valladolid y Burgos. La aclaración de Herrera, finalmente formulada con mayor claridad de la que días antes había empleado en el mitin de Rajoy en el Auditorio, no despeja, sin embargo, todas las dudas. Los 900 millones de euros constituyen una dotación especial, adicional a otras intervenciones obligadas con dinero público. Reiteradamente se ha denunciado que la Administración ha utilizado los fondos extraordinarios de la reconversión minera para actuaciones de carácter ordinario. Cabe esperar que en esta ocasión no existan sombras de duda. Para que esto no ocurra, es necesario que se definan claramente los proyectos. Los políticos y los técnicos han de realizar un ejercicio de imaginación importante para que la utilización de este dinero sirva realmente para el fin previsto, el equilibrio de rentas al finalizar el periodo previsto, hasta el 2013. Es conveniente comenzar ya a trabajar en la redacción de proyectos. Es un reto importante, porque si no hay proyectos, tampoco habrá dinero. Los fondos no se pueden liberar para crear la nada. Y segunda premisa: las iniciativas han de ser realmente inversoras. Es decir, que sirvan de motores en la creación de empleo. Con frecuencia se ha empleado dinero inicialmente previsto para crear empleo como objetivo fundamental, en el adorno de una fuente. De esta forma se pueden embellecer mucho los pueblos, que tampoco es asunto a despreciar, pero lo prioritario cuando se habla de supervivencia es conseguir medios para generar empleo. Sólo los puestos de trabajo fijarán población en la provincia y crearán riqueza. Esa será precisamente la prueba del algodón. Si para entonces, León ha conseguido incrementar su renta hasta igualar a Burgos y Valladolid, se habrá conseguido el fin propuesto. De lo contrario, algo se habrá hecho mal. Se hablará de fracaso. Las cosas no se presentan fáciles. Es cierto que en los últimos años se han puesto las bases para un mayor desarrollo de la provincia. La mejora de las infraestructuras de comunicación son evidentes y, a corto y medio plazo, las mejoras actualmente en ejecución o el gran impulso que está recibiendo la dotación de suelo industrial, permite aventurar un desarrollo sin precedente. Sin embargo, la rémora que supone el hecho de que nuestros sectores básicos sigan siendo la agricultura y la minería lastran en gran medida ese desarrollo. Hace falta un salto cualitativo importante. Precisamente esta semana han sido los ganaderos los que se veían obligados a salir a la calle para protestar por los efectos nocivos del oligopolio lechero. El ganadero está en manos de las multinacionales lácteas, que atienen exclusivamente a criterios de rentabilidad y continúan estrechando los márgenes de una rentabilidad insostenible. El último aldabonazo prevé una disminución de tres céntimos en el litro de leche de vacuno y una cifra similar en el ovino, lo que significa unas pérdidas de 13 millones de euros en la provincia. Los ganaderos piden a la Junta que intervenga. Quieren que se recorten las subvenciones a las empresas que discriminan la leche nacional respecto a la importada y exigen, en aras de la transparencia del mercado, que en las botellas de la leche figure el precio de venta y el precio pagado a los ganaderos. Desde la Junta se dice que el problema excede a su competencia y advierte, además, que con el recorte de las subvenciones no se soluciona el problema de los ganaderos pero sí se puede crear uno también grave, que afectaría a los empleados de las compañías de transformación lechera. El consejero de Agricultura, no obstante, se ha ofrecido para mediar ante la industria en busca de una solución al conflicto. La enfermedad es endémica. El problema de la agricultura y de la ganadería está en la comercialización del producto. Los agricultores no han sabido extraer a sus productos el valor añadido que supone la transformación y venta de los mismos, hasta llegar al consumidor. La Unión Europea ha anunciado que las ayudas a la producción serán eliminadas. Sin embargo, habrá ayudas para aquellos emprendedores que afronten proyectos industriales y de comercialización, de forma que el menor rendimiento de la producción de la materia prima se vea compensado por el retorno del valor añadido que genera su transformación. Esto no se ha sabido hacer, primero porque no había financiación suficiente y ahora, cuando ya no es problema el dinero, porque el agricultor generalmente desconfía más del vecino que del extraño.