Límites de agresividad

SI UNA oposición se distrae y no ataca al Gobierno, mal asunto para ella. La oposición tiene dos obligaciones: conseguir o recuperar el poder y no pasarle al Gobierno de turno ni una, ni un desliz, ni un error, ni una imprevisión, ni una falsedad, ni el menor indicio de corrupción. La falta de agresividad anula a la oposición, pero el exceso puede dañar seriamente al país. Da la impresión a veces de que en cuestiones de agresividad política, aquí y ahora, se están traspasando ciertos límites, los que señala la moral pública, reflejada en los baremos occidentales por los mejores pasajes de la tradición. Nuestro pasado democrático es muy corto y se reduciría a los años de la llamada transición, a cuyo espíritu se invoca ahora por unos y otros. Pero desde nuestra actualidad parece irrecuperable ese espíritu envuelto en añoranzas. También durante la transición hubo, como era lógico, agresividad política, pero el poder, tanto el que se detentaba como al que se aspiraba, estaba entonces cargado de responsabilidad. Responsabilidad por lo que el país se estaba jugando, o estaba construyendo, como porque la mayoría de la sociedad no se sentía estabulada en unas siglas políticas y exhibía un gran discernimiento, para conceder una legislatura más a UCD, para volatilizarla poco más tarde, para responder al golpismo dando a un partido entonces de izquierda (suave, muy suave) diez millones de votos, y para mantener a la derecha en una larga travesía del desierto. Ahora es culpable el Gobierno, y de manera especial su presidente, de la opa de Gas Natural sobre Endesa y de la contraopa sobre Endesa de la alemana E.ON. Y es responsable de haber abierto el proceso de reformas estatutarias y de las vicisitudes del estatuto catalán. Y de estar desmembrando España. Y de acariciar la idea de negociar con ETA la autodeterminación. Y de perseguir a la Iglesia. Y de menospreciar a las víctimas del terrorismo. Y de preferir estrechar la mano de Batasuna que la del PP. Es natural que la oposición ataque al Gobierno, le lance imputaciones y críticas, y le envuelva en sospechas. Es la agresividad política. Pero sin traspasar los límites de la moral pública, dentro de los cuales son exigibles niveles mínimos de verdad y estaría prohibido el entorpecimiento de la gobernación, es decir, poner bastones en las ruedas del Gobierno. Parece actualmente que más que una carga de responsabilidades y, obviamente, de satisfacciones, el poder es ese maravilloso objeto de deseo, para conseguir el cual vale... hasta la irresponsabilidad. Y no se trata en política, como en psicología, de agresividad congénita o sobrevenida. Se trata de agresividad optada como estrategia en busca del poder.