Hacia el adelgazamiento de la Administración del Estado

APENAS hay datos conocidos, de los trabajos de la Ponencia que está dictaminado -en una primera fase- lo que ha de ser el «Proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña». Aparte del silencio, connatural se ha dado unas «cortinas de humo», tales como la cuestión de las excarcelaciones, la Opa a Endesa, el traslado del Archivo de Salamanca, la ley antitabaco, el posible pacto con los terroristas, las audiencias a las representaciones de víctimas del terrorismo, la más operativa con los representantes islámicos, la ley de embriones, etcétera. Pero, sin embargo, en la «preocupación por el Estatuto de Cataluña en Ponencia, no se ven pasos para un equilibrio entro lo que salió de su Parlamento, y lo que ha de «quedar como una patena». (Acaso nos podamos equivocar). Resaltamos estos datos: todo el tema de la familia, el aborto, el matrimonio, educación, poligamia, prácticamente igual, pese a la llamada de atención del documento «Cristianos por Cataluña», ausente en la votación el «cristiano» Durán. Manifestaciones «independentistas». Según Federico Trillo, «se ha roto la unidad del poder judicial». Según Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, también se ha debilitado la de esta Institución. No digamos el tema de la lengua, de la «censura» mediática del acceso al funcionariado, con discriminación para la libre «circulación de profesionales». O el «blindaje» del Ebro o del aeropuerto; incluso ya se piensa el trasvase del Ródano...» Pudo haber un momento de serenidad cuando los Fiscales del Tribuna Constitucional venían a interpretar, si desde la reforma del Estatuto es posible o no la reforma de la Constitución, tesis muy extendida en los medio jurídicos, y por nosotros. El Fiscal General del Estado, a pretexto de un informe técnicole dio la vuelta a aquella posición. Con lo que se plantearán, en su día, y al propio Tribunal Constitucional, serias dudas y conflictos. Otra circunstancia de interés: el extenso y documentado informe del Consejo de Estado, sobre las cuatro reformas de la Constitución, que en buena parte coincide con el criterio -en este punto... con los Fiscales del Tribunal Constitucional, pero que «va a ser ignorado por el Gobierno». Ya, hasta ERC va votando de acuerdo con CIU y PSOE. Mucho tendría que cambiar la Ponencia para que en la Comisión Constitucional, se «maquillase» el proyecto para que encajase en la Constitución, sin modificar ésta. Además, hay numerosos «cheques en blanco», sea a través de reformas de leyes orgánicas, o sean de los propios «blindajes» normativos unilateralmente fijados por la Generalitat, contra los principios de seguridad y de hermenéutica jurídicas. Mientras, sigue la «literatura», tratando de aliviar lo que Umbral ha llamado «España a cachos». O el dolor de Azaña, reactualizado por Bornstein, con el recuerdo histórico de «modificar radicalmente su opinión sobre sus viejos amigos catalanistas». O el «destrozar España» de José Luis Álvarez, ex alcalde de Madrid. O la sugerencia de Ridao de ERC, de poner «nación», con minúsculas. O la pregunta de Rajoy, a los empresarios catalanes sobre criticar el Estatuto en privado. O el alegato político del ratificado presidente de CEOE, José María Cuevas, sobre el riesgo de la unidad de mercado, como Barea lo ha hecho sobre el financiamiento. O el reproche de Jiménez de Parga a los «tibios en las dictaduras y en las democracias», como antecedente del triunfo de Hitler. El reto de Carod o Mas para «discutir en TV el Estatuto». O la llamada de atención del historiador Carlos Seco: «apelar a un horizonte federalista supone una nue va forma de destruir la Constitución actual... que ha permitido que, por vez primera en toda su historia, los españoles vivamos pacíficamente en una legalidad democrática». O la toma de conciencia, valiente y serena, de los miembros de la Hermandad de Veteranos de los Ejércitos ante la situación española. O el propósito del portavoz popular en el Senado, García Escudero para recomponer fuerzas en aquella institución para salvar los principios de igualdad y solidaridad. O el apunte de Ansón, de «cómo Azaña habría tirado de las orejas a Zapatero» (La República sólo concedió a Cataluña como «región autónoma dentro del Estado Español»), etcétera. La «hoja de ruta» para preparar, desde el poder, la «autodeterminación» de Cataluña, tal como lo ve un jurista, dentro de la legalidad de un Estado de Derecho, no nos da síntomas positivos. «Si te paras, te caes», es la doctrina de Zapatero, según Charo Zarzalejos. No advertimos en la Ponencia ningún esfuerzo por encajar en lo constitucional. Ni dar juego a la oposición (el «moderno» Pacto de San Sebastián, de 1930). Visto el Estatuto Catalán, en la forma proyectada, se puede servir de puente mínimo para el vasco y gallego. El adelgazamiento del Estado será tal, que su Administración quedaría bloqueada. Además del desgaste, o de la erosión en la convivencia en la libertad emergente entre los españoles. Seguiremos tratando de salvar la unidad de España. Para cuando las cosas se pongan peor. Pero esto no es consuelo para un jurista y para cualquier ciudadano español. De momento, el informe del Consejo de Estado puede y debe tener una trascendencia jurídica, ante lo que falta del procedimiento parlamentario y de manera singular ante el Tribunal Constitucional, en su caso.