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Publicado por
CÉSAR A. DE LOS RÍOS
León

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SI LA nueva teoría del Tribunal Supremo respecto a la acumulación de causas había supuesto un fuerte contratiempo para el llamado «proceso de paz» en la medida que impide la excarcelación, en breve, de etarras como Parod, Santi Potros y varias decenas de presos más, las detenciones de dirigentes de Batasuna en estos últimos días han venido a agravar las relaciones entre el Gobierno y el entorno de ETA. Al margen de la constitución de las dos mesas trabajo, propuestas por Otegi, en las que se debatiría sobre el nuevo Estatuto vasco y se decidiría el futuro de ETA, se daba por supuesto que Batasuna podría funcionar a pesar de la Ley de Partidos gracias a la buena disposición de los fiscales. Pero las previsiones han fallado: un solo juez ha echado abajo la torre de naipes. El juez Marlaska no había sido previsto ni por Zapatero ni por Conde Pumpido ni por supuesto por ETA, que se ha sentido defraudada. Por esta razón hemos podido oír sus advertencias estos últimos días: o el Gobierno termina con la «represión -ha declarado- o no avanzarán las negociaciones». De esto se deduce que ETA no está dispuesta a abandonar las armas si el Gobierno sigue poniendo en práctica la Ley de Partidos, esto es, si sigue deteniendo a los dirigentes de Batasuna. Como se ve, pretende que sea el Gobierno el que primero mueva ficha. Es ETA la que pone precio al cese de la violencia. No al revés. Esta inversión de condiciones es muy reveladora de los principios que rigen las relaciones entre el Gobierno y ETA y lo es, por tanto, de la tristísima imagen que va a ir dando aquel en los próximos meses. Hace más de un año Zapatero comenzó a insinuar las excelencias que tendría una tregua; posteriormente y a medida de que no cesaban los atentados ha ido advirtiendo que la paz sería costosa pero que podía asegurar que estábamos «en el comienzo del principio del final» y es en éstas cuando el juez Marlaska impide la celebración de un congreso de Batasuna (ETA) y hace unos días la detención de los organizadores de la huelga. Como cabía prever, al reconocer como igual a ETA y al poner los planteamientos de ésta al mismo nivel que los del Gobierno, Zapatero se ha puesto en manos de aquella. Ha dejado que aquella ponga las condiciones y establezca los plazos. Quien está obligado a dar cuenta de los resultados, esto es, de la tregua es Zapatero, ha sido este, y no ETA, quien ha hecho la promesa. Al prometer la paz tras un proceso de negociaciones, el comprometido con la sociedad es Zapatero. ETA tendrá las manos libres para arrastrarlo. Por cierto, el Ministerio del Interior no ha detenido a un solo etarra en territorio español.