El reto de la dependencia

Son muchas las familias españolas las que se mantienen expectantes ante la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que pretende aprobar el Gobierno Socialista. Una espera marcada por la incertidumbre e inseguridad ante la elaboración del sistema que debe regular a partir de 2007 los servicios para atender a los cerca de 3 millones de españoles y españolas, mayores y discapacitados, que carecen de autonomía para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, lo que implica un tremendo esfuerzo por parte de las familias y muy especialmente de las mujeres. Todas las fuerzas políticas y toda la sociedad estamos de acuerdo en que es necesario crear un adecuado Sistema Nacional de Atención a la Dependencia a través de una Ley que parta de una concepción nacional, lo que conlleva la igualdad para todos los españoles. Una clara necesidad social que debe ser coherente con el Pacto de Toledo porque la atención a estas personas es un compromiso asumido por todos los grupos políticos con ocasión de la renovación de este Pacto en el año 2003. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que es necesaria una norma básica estatal que sitúe la atención a la dependencia dentro de la garantía del Sistema de la Seguridad Social y no sólo hasta 2015, como pretende el Gobierno Socialista, sino para siempre y con una financiación suficiente y adecuada. Con un importante retraso el gobierno de Rodríguez Zapatero ha presentado de forma unilateral un Anteproyecto de Ley que adolece de graves inconcreciones e importantes carencias y errores de partida; un texto envuelto en la ambigüedad e indefinición. El hecho de no concretar cuestiones esenciales como los derechos de los beneficiario, qué prestaciones se van a poner en marcha, cómo se va a implantar y gestionar el sistema, sin establecer además un modelo financiero estable ha provocado la decepción y la preocupación no sólo de las comunidades autónomas y corporaciones locales, sino también del colectivo de personas mayores y del movimiento asociativo que presta atención a las personas dependientes. En este sentido la Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores ) ha elaborado un amplio informe en el que se habla de falta de garantías, defectos y ambigüedad. Estamos ante un anteproyecto de ley elaborado a espaldas de la sociedad. Se trata de un documento decepcionante que no da respuesta a la necesidad que todos compartimos de articular un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia con verdaderas garantías. El gobierno socialista ha orquestado una campaña mediática pretendiendo hacer creer a los ciudadanos que este Sistema es algo totalmente nuevo, nada más lejos de la realidad, porque su punto de partida son los actuales Servicios Sociales que gestionan las corporaciones locales. Como ejemplo el Ayuntamiento de León que con un importante esfuerzo económico presta servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia domiciliaria en cerca de 1.300 hogares de la ciudad donde viven personas dependientes. El anteproyecto de Ley del Gobierno del PSOE se presenta especialmente lesivo para los intereses de esta provincia y el resto de Castilla y León. Una comunidad con tasas de envejecimiento por encima de la media de España y donde la prestación de servicios se encarece por su elevado grado de ruralidad y dispersión. El hecho de que el texto presentado no tenga en cuenta nada de esto lo convierte en un pésimo Anteproyecto que viene a castigar el esfuerzo de esta Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales. Según datos del propio gobierno central, Castilla y León se sitúa muy por delante de la media nacional en la cobertura conjunta de servicios a las personas dependientes. Somos la cuarta comunidad que más presupuesto dedica a la dependencia, un esfuerzo que no parece vaya a compensar el gobierno de la Nación. El modelo que nos presentan los socialistas abre la puerta a un trato diferente del gobierno con las comunidades ya que se asienta en convenios bilaterales que deben suscribirse año tras año entre el Estado y cada comunidad. Estamos por tanto ante un falso sistema nacional y sí ante 17 subsistemas diferentes que no garantizan la igualdad de todos los españoles. Sirva como ejemplo lo sucedido con el reparto de los exiguos 50 millones de euros destinados por el Gobierno en 2005 a la dependencia, muy lejos de los 1.000 millones prometidos por su presidente. Esos 50 millones se han repartido mediante convenios bilaterales: el 36% se ha ido para Cataluña y sólo el 6,4% para Castilla y León. El anteproyecto presentado articula una futura Ley como una gran iniciativa de la izquierda intentando monopolizarla. El gobierno socialista no hace ni una sola mención del Pacto de Toledo ni tampoco de los avances en la protección a la dependencia impulsados por el gobierno del PP. Durante estos años se multiplicó la cuantía dedicada a la asistencia a las personas dependientes llegando a los 3.000 millones de euros, el doble que los gobiernos del PSOE. Además el PP puso en marcha novedosas iniciativas de apoyo a la dependencia como la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y diversas reformas fiscales con mayores ventajas para los dependientes y sus familias. Desde el Partido Popular apostamos por una legislación que respete la cohesión, equidad y solidaridad interterritorial, para lo que manifestamos nuestra clara disposición a la colaboración y el consenso que necesariamente deben impulsar esta Ley.