Una Ley vital para Castilla y León

Los ciudadanos no merecen un PP empeñado en restar en vez de sumar. Sus críticas infundadas obvian de manera consciente que el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia tiene todo el trámite parlamentario por delante. Cualquier grupo político puede plantear durante su discusión en las Cortes Generales cuantas enmiendas considere oportunas para mejorar el texto. Es inaudito que el PP ( El reto de la dependencia ; Diario de León, 21-3-2006) acuse al Gobierno socialista de crear incertidumbre e inseguridad con esta Ley, cuando en números redondos beneficiará a 80.000 castellanos y leoneses y facilitará el acceso al mercado laboral de 6.000 mujeres, sobre todo del mundo rural, que verán reconocida su labor con una prestación económica, alta en la seguridad social, derechos laborales y formación adecuada. Por el contrario, lo que sí genera cada vez más perplejidad y desazón es el cinismo político que caracteriza al PP en las instituciones donde gobierna, utilizadas de forma sistemática para hacer oposición al Gobierno central. ¿O es que olvida el PP que de los nueve centros estatales de referencia previstos en la normativa, cuatro se ubicarán en la Comunidad autónoma con una inversión en torno a 16 millones de euros para 2006? Quizás haya que refrescar a sus dirigentes la memoria: Centro de Atención Sociosanitaria a Personas con Enfermedades Raras (Burgos), Centro Estatal del Alzheimer (Salamanca), Centro Estatal para Personas con Grave Discapacidad Física (San Andrés del Rabanedo) y el proyecto Ciudad del Mayor (Soria). Frente a la confusión que alienta el PP, estamos ante una Ley vital para Castilla y León, que no entiende de colores políticos, sino de derechos sociales. Se trata de una de las leyes más importantes que afronta el Gobierno para hacer una España mejor, construyendo el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que se suma al sistema de educación, el de salud y el de pensiones. Resulta sorprendente que el PP reclame ahora la necesidad de una norma básica estatal que sitúe la atención a la dependencia dentro de la garantía del Sistema de la Seguridad Social. Y llama la atención porque corrobora la absoluta dejación de funciones que caracterizó a los 'populares' en esta materia durante sus ocho años de Gobierno. Por tanto, para ambigüedad e indiferencia la mostrada durante las dos legislaturas de Aznar en las que fue incapaz de abordar la situación con la determinación que exige la causa. Cabe recordar que con Juan Carlos Aparicio al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos -ahora es alcalde de Burgos- España pasó a ser el penúltimo país de la UE en prestaciones sociales y en los ochos años de gobiernos populares el país pasó del noveno al decimonoveno puesto en el ránking establecido por Naciones Unidas en esta materia. Las cifras no tienen interpretaciones y la Historia está poniendo a cada uno en su sitio. Por otro lado, bien por ignorancia o por su afán de sembrar dudas, el PP sigue dirigiéndose a la población con premisas falsas, pues nada tiene que ver la Ley con los servicios sociales que actualmente gestionan los ayuntamientos. Hay una gran diferencia: la Ley de Dependencia reconoce como derecho la atención a los dependientes, no como un servicio más que deben prestar las entidades locales. Un análisis objetivo del fondo de la Ley permite constatar que supone una verdadera revolución social, fruto del compromiso inequívoco del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero por las políticas sociales, aquellas que benefician a quien más lo necesita y que incrementan los derechos de los ciudadanos en aras a conseguir la igualdad real. Aspectos que se contraponen y nada tienen que ver con el olvido y la falta de voluntad demostrada por el PP en sus ocho años de Gobierno, lo que convierte en inaceptable desde el punto de vista moral y político la campaña de desprestigio en la que se encuentran inmersos los dirigentes populares, incapaces en estos dos años de aportar ideas para el bienestar de los ciudadanos. También en esta ocasión, el PP vuelve a demostrar su escaso interés por contribuir a los beneficios que supondrá la futura normativa con tal de erosionar la acción del Gobierno, cuando lo que en realidad esperan los ciudadanos es una mayor cooperación institucional para sacar adelante una ley que el PP trata de desacreditar a través de la irresponsabilidad. Lo mejor que se les ocurre es provocar la confusión entre los ciudadanos organizando encuentros en contra de esta futura normativa. Frente a esta penosa y lamentable actitud, el Gobierno central se plantea una Ley que intenta reconocer derechos, que hoy no tienen, a quienes sufren este problema y a sus familias. Yo les digo que en el espíritu de esta ley se plasma no sólo la voluntad de paliar unas dificultades de los afectados, sino la intención de poner los medios humanos y económicos necesarios para que su aplicación se haga de una manera eficaz y eficiente. En esta ocasión, también se comprueba que a los dirigentes del PP sólo les interesa la rentabilidad política. Ni siquiera con un colectivo tan necesitado están dispuestos a arrimar el hombro para hacer un poco más llevadera la situación de personas que tienen que depender de otros para llevar una vida digna. Me gustaría que desde la Junta de Castilla y León contestaran a tantas familias que llevan años en lista de espera para conseguir una plaza de residencia para mayores que necesitan atención de profesionales, porque hace años que no se construye una residencia pública. Me gustaría que contestaran a tantas familias con personas dependientes qué centros y qué servicios públicos hay en Castilla y León donde se promueva la autonomía personal y se ofrezca atención a personas dependientes jóvenes y mayores. Podría decirnos de paso cuántas residencias públicas para personas mayores han creado en los últimos cinco años o cuántos centros, que no sean asociaciones u hospitales privados, que atiendan y presten servicios a personas dependientes en Castilla y León con fondos públicos. Desde luego que esta Ley que dispone de recursos, para empezar el Gobierno aportará 13.000 millones de euros para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia. Reconoce además el compromiso anual de determinar una cuantía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la forma de abono a las Comunidades Autónomas de las cantidades necesarias para las prestaciones y servicios. Fíjense hasta ahora no había una Ley que contemplara la situación especial de estas personas. Deberían ser un poco prudentes los que hacen estas críticas y no ofender a las personas y a las familias que están en estas circunstancias, esperanzadas por el reconocimiento de un derecho para poder realizar unas tareas básicas de su vida personal atendidos no sólo por su familia sino por profesionales especializados. Por último, sería conveniente que no se nos olvidara que todas las persona podemos ser dependientes en cualquier momento de nuestra vida.