Navarra

ES NECESARIO que Batasuna aclare qué quiso decir Patxi Urrutia cuando afirmó que «no existe ninguna posibilidad de solucionar el conflicto sin Navarra». Porque una cosa es que, desaparecida ETA y erradicada la violencia, Batasuna aspire a lograr la incorporación de Navarra al País Vasco siguiendo el procedimiento que establece la Constitución, y otra muy distinta que esa condición sea una condición previa para lograr el cese definitivo de la violencia. Pero si es importante que Batasuna explique sin ambages cuál es su posición, todavía es más decisivo que lo haga el Gobierno. Porque si no lo hace, alimentará todo tipo de inquietudes y dará alas a los sectores de la derecha española que sostienen que el alto el fuego permanente declarado por ETA es el resultado de una negociación previa de carácter político entre la organización terrorista y el Gobierno. Es verdad que el portavoz del Ejecutivo, Fernando Moraleda, ha dicho que «el futuro de Navarra no está en el debate del proceso de paz». Es cierto también que la disposición transitoria cuarta de la Constitución contempla la posible incorporación de Navarra al País Vasco, aunque deja muy claro que tal eventualidad sólo se puede producir a iniciativa del órgano foral, que debe adoptar su decisión por mayoría de los miembros que lo componen, requiriéndose además que la decisión sea ratificada en referéndum expresamente convocado a tal efecto, y aprobada por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, sólo se podrá reproducir transcurrido un plazo mínimo de cinco años. Es obvio, pues, que la iniciativa corresponde al Parlamento de Navarra y no al Gobierno, y que la decisión final, llegado el caso, depende exclusivamente de la voluntad del pueblo navarro expresada en referéndum. Resulta también evidente que el Gobierno no puede ni piensa vulnerar este precepto constitucional y, sin embargo, las dudas persisten y la inquietud no desaparece. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en mayo del 2007 se celebrarán elecciones en varias comunidades autónomas, entre ellas Navarra, y el partido gobernante no ha aclarado todavía qué piensa hacer en el caso no improbable de que obtenga, junto a sus aliados, la mayoría en el Parlamento de Navarra, en cuyo caso sí se podría plantear el problema sin violentar el mandato constitucional. Se me objetará, no sin razón, que la clarificación de esta importante cuestión corresponde al programa que los socialistas presentarán en las próximas elecciones autonómicas en Navarra. Pero deben asumir que, mientras no se pronuncien inequívocamente sobre el tema, la sospecha y la duda se extenderán sin muro de contención que las detenga