El Estado de Derecho

LA TESIS de que la preservación del mal llamado proceso de paz debería incluir la paralización o la desactivación del Estado de Derecho no sólo es disparatada: también suscita alarma e irritación porque permite poner en duda las convicciones de quienes efectúan tal propuesta y, consiguientemente, el sentido mismo del proceso en cuestión. Viene esto a cuenta del acuerdo de la Cámara vasca adoptado el viernes -con la natural oposición de PP y PSE- según el cual el fiscal debería dejar de ejercer la acusación pública en el macrojuicio contra ETA que se sigue en la Audiencia Nacional. Con lógica aberrante, el Gobierno de Euskadi quiere equiparar este gesto a las pruebas que se le piden a ETA para acreditar que el alto el fuego es definitivo. La propia idea de establecer alguna simetría entre el Estado y ETA es repulsiva. Pero, además, la mentalidad de quienes sugieren que la Ley, que el Derecho, que las instituciones deben eclipsarse por oportunismo político suscita toda clase de sospechas. La de falta de convicción democrática no es probablemente la menos fundada.