Esperando el sumario

NADIE está a salvo de una quiebra fraudulenta; recuérdese el caso Banesto que, supervisado por el Banco de España, naufragó cuando el confiado Mario Conde desafió al poder socialista. No soñemos con garantías totales en el mundo de los negocios, tan entrelazados por la ambición humana y las influencias políticas. Técnicamente, una quiebra es una situación en la que los activos de una empresa son menores que sus deudas exigibles. Diagnosticarla con certeza no es ejercicio exacto, ya que el valor realizable de los activos nunca coincide con su anotación contable. No sabemos si los bienes de Fórum y Afinsa son realmente inferiores, y en qué cuantía, a los depósitos que les confiaron los ciudadanos. Lo indudable es que una intervención judicial acentuará su desvalorización, y de haber sido imprudente la habría desencadenado. Pagarán, como siempre, los ahorradores. Este caso es raro por iniciarlo la fiscalía, no los acreedores, y en un momento delicado para el Gobierno. Las empresas llevaban más de dos décadas operando; cumplían los contratos y tenían auditorías externas coherentes. Es probable que hubiera falsedad y engaño, y que la intervención tenga como finalidad evitar un mal mayor. Pero hay que esperar, porque desconocemos los balances y las estimaciones de valoración. De momento solo hay jerga de escándalo, agujeros, blanqueos y otras parafernalias. La dimensión del problema se sabrá cuando se levante el secreto del sumario.