Fallo evidente; indigencia clamorosa

LA SEMANA que termina deja un mal sabor de boca: demasiado «retrogusto», que dicen los catadores de vinos, a bronca, estafa, políticos vociferantes¿ Entre los sucesos que han conmovido a la opinión figura un penoso episodio judicial: la obligada puesta en libertad de uno de los 29 procesados por el 11-M, Saed el Harrak. Verlo en la calle, cuando ese atentado ha sido el más sanguinario de la historia de España, era un azote a la conciencia colectiva. Era una burla a una sociedad que sigue llorando las consecuencias de aquella matanza. Y provocaba una pregunta angustiada que todavía no tiene respuesta: ¿por qué? Sólo está claro que el Harrak cumplió el plazo de prisión preventiva, y nadie se acordó de que había que prolongarlo. Al no hacerlo, las previsiones legales funcionan con un automatismo que en este caso hemos de llamar feroz. Sin contemplaciones. Sin detenerse a mirar el rostro ni los hechos del beneficiado. Sin prever la alarma social. Sin perdonar el error humano producido. Y, por lo visto, no hay solución. Con el juez instructor de baja médica por la operación de un glaucoma, la jueza Teresa Palacios no admitió el recurso de la fiscal Olga Sánchez. Al error inicial se añadió una extraña relación entre jueces, que parecen funcionar con celos, o impulsados por un extraño deseo de provocar el desprestigio del compañero. Antes y después del error, todo es poco presentable. Ahora, el Consejo del Poder Judicial va a investigar qué ha ocurrido. Hay quien supone que de su indagación puede salir una sanción al juez del Olmo, instructor de la causa y responsable inicial y último de lo ocurrido. Este cronista se permite apuntar: señorías del Poder Judicial, el problema no es sólo la sanción. El problema es saber otros detalles de suprema importancia, y más tratándose de un órgano como la Audiencia Nacional: por qué en un Juzgado de esa Audiencia no funciona algo tan elemental como una agenda, para saber cuándo vencen los plazos de prisión preventiva, porque no es la primera vez que ocurre; qué clamorosa indigencia de medios sufre nuestra Justicia en su más alto nivel; de qué equipos humanos y técnicos disponen para fallar en lo más elemental. Esa debe ser la investigación. Castigar a del Olmo puede ser necesario, pero no sustancial. Y además, es arriesgado porque hay muchas voces -y algunas muy importantes en política- que están esperando precisamente algo así para desprestigiar toda la instrucción del 11-M. Esa instrucción, hasta donde puedo saber, es impecable. Los fallos humanos o de medios, en cambio, son escandalosos. Son, por tanto, los que se deben corregir. Y antes de nada, comprobar si tales fallos están en el sistema o en el descuido de un juez.