El fraude, las culpas y el Estado

UN PUÑADO de españoles anda con el alma en vilo porque tiene razones fundadas para pensar que sus ahorros de toda la vida se los ha llevado un timador. Hemos oído estos días testimonios sollozantes de personas que sostienen que el dinero recibido por un despido improcedente, los ahorros apartados para pagar la carrera del hijo, o la indemnización por un accidente de tráfico, se habían perdido para siempre. La reacción desgarrada de muchos timados pide cuentas a las dos empresas, Afinsa y Fórum Filatélico, pero también mira al Estado y reclama de él una solución inmediata. No dudo que entre los timados haya una considerable porción de gente con buena intención, que ha puesto su dinero en manos de estos sujetos porque alguien del que se fiaba se lo ha dicho y que no maneja especial información sobre el asunto: tiene un dinero, quiere aumentarlo y se fía de la empresa en cuestión. Pero parece evidente que, dados los altos intereses que aportaban ambas empresas a los inversores, y el método de hacer el presunto negocio -tú me das dinero, yo te doy estos sellos-, habrá habido más de un inversor que se ha sentido el más listo de la clase y que ésta era la vía rápida para forrarse. Ya sé que buscar culpables es una forma urgente de atemperar el dolor que producen las tragedias, y un fraude como éste es una tragedia para muchos de los damnificados. Pero quiero detenerme en el hábito que se ha creado en nuestra sociedad, según el cual nadie es responsable de lo que hace, sobre todo si sale mal, claro, y papá Estado tiene que sacarme siempre las castañas del fuego. La responsabilidad del fraude, caso de que, como parece evidente, lo hubiera, la tiene el defraudador. Nadie más. Algún inversor ha podido pecar de listillo, pero tampoco por eso es culpable, es simplemente ingenuo, o demasiado espabilado, por pensar que alguien da duros a peseta. Pero el Estado, que es el que al final ha puesto freno, vía judicial, a este presunto saqueo, no es culpable de que alguien te quiera robar. Si a uno le salen bien los negocios, es mérito propio y exclusivo, cuyo beneficio no tiende a compartir con nadie. Pero si lo que ocurre es que le estafan, el Estado debe de pagar la ronda, y se convierte en objeto de ira por no haber avisado a tiempo de lo que parecía obvio o sospechoso. Lo cierto es que la culpa del fraude es del defraudador y que nadie da duros a peseta.