Futuro amargo

SI DISPUSIÉRAMOS de un barómetro que midiese la satisfacción social de los españoles, veríamos cómo ha bajado de forma imprevista y brutal en los últimos días a causa de la aciaga noticia del Fórum Filatélico/Afinsa. Son pocos entre las clases medias españolas los que no tengan algún familiar o amigo entre los mal llamados inversores, pues son mayoritariamente modestos ahorradores. Por eso a muchos nos afecta de una manera u otra esta bajada de moral al ver una desazón tan generalizada. La investigación, como ocurre cuando se trata de un presunto delito, está radicada en los juzgados y sin embargo éstos no están preparados para la magnitud del caso. El asunto se va a eternizar inevitablemente y por eso, si se quiere impedir que a la estafa se le añada el caos judicial, deben promoverse urgentes medidas judiciales. Debe destinarse un juez en exclusiva al tema, con medios materiales y personales a su disposición, para al menos intentar que la actuación judicial ayude a dar respuesta a las víctimas, a la par, como no podía ser menos, que castigo a los delincuentes. Esa es, pues, la primera medida que creo se debe tomar de forma imprescindible, aun sabiendo que en cualquier caso la sentencia va para años. En segundo término, hay que señalar que para los damnificados el calvario empieza ahora. Hasta aquí aún estaban con la resaca de la noticia y la esperanza de que fuera un error o un mal sueño y que en último término seguirían cobrando como vinieron haciéndolo a lo largo del tiempo. Sin embargo, poco a poco irán descubriendo la descarnada realidad y eso supone el abandonar la quimera de que al final todo se arreglará. El camino que se les presenta estará lleno de rumores, reuniones de afectados, culpabilizaciones propias o de familiares y amigos, ansiedades y nuevos dispendios económicos para abogados y asociaciones; y todo sin que en concreto vayan a conseguir algo a corto o medio plazo. Los afectados cobrarán dentro de mucho tiempo, cuando hayan sido condenados los responsables del fraude y se liquiden judicialmente los bienes de las sociedades. Y a esas alturas lo que cobrarán será una cantidad exigua, en proporción a la invertida. Somos muchos los ciudadanos que ante la situación producida decimos «no hay derecho», y pocas veces se puede emplear la frase con más precisión. Nada se puede imputar a la actual Administración, que ha tenido el arrojo de destapar el asunto e impedir que aumentase la bola de nieve. Pero no hay derecho que las distintas Administraciones que han sido desde hace 25 años, no se hayan percatado del infantil y burdo fraude de los sellos.