Zapatero y Evo Morales

La tormenta política y económica se ha desatado, una vez más, sobre Latinoamérica, en este caso sobre la castigada Bolivia. La tormenta ha sido originada por el presidente de aquella querida República, el cocalero Evo Morales, al promulgar, 100 días después de su investidura, al regreso de un viaje a Cuba y el 1.º de Mayo, un decreto de «nacionalización», el tercero en la historia del país, del gas y del petróleo, «Decreto Supremo» le llama, que al ir acompañado por la ocupación por las Fuerzas Armadas y por la policía bolivianas, de medio centenar de instalaciones petrolíferas y gasísticas, más bien parece una confiscación, con toda la pinta de ser un expolio consumado. Este decreto supremo, envuelto en la trasnochada dialéctica pseudo revolucionaria, por la que el Estado boliviano asume la producción, el transporte, la venta y el refino de los productos energéticos, dispone que las empresas ahora «nacionalizadas» han de «venderle» al Estado el 51% de las acciones y entregar el 82% de la producción, con la conminatoria cláusula de que tienen ¡180 días apara aceptar o abandonar el país! Es mi opinión, y quiera Dios que me equivoque, por el bien de los bolivianos, que este proceso nacionalizador/confiscatorio, tiene más inconvenientes que ventajas, y es muy posible que no haga más ricos a los bolivianos, pues el clima de inestabilidad y de inseguridad jurídica y económica que se crea, hará muy difícil que el capital extranjero invierta en el país andino, como ocurrió con las fracasadas nacionalizaciones que se llevaron a cabo en 1937 y 1969, que no consiguieron, más bien al contrario, que Bolivia abandonara el farolillo rojo de la pobreza, al igual que ha ocurrido con Venezuela o Nigeria, por poner algún ejemplo, que nacionalizaron hace décadas, y está por ver que den un paso hacia delante en la prosperidad de sus pueblos. Bolivia, pasa a ser un país poco fiable en los mercados internacionales por arbitraria e insolvente y no dispondrá de los recursos económicos y tecnológicos suficientes para convertir sus recursos naturales en desarrollo. La decisión del presidente Morales, sumamente agresiva hacia las empresas, hará mucho más difícil la llegada de recursos e inversiones extranjeras, imprescindibles para aumentar las exportaciones y como la tasa de ahorro interno boliviana no llega ni de lejos, para financiar sistemas de inversión del 16% del PIB que es lo que el país necesita para crecer a niveles mínimos del 4%, parece que el fracaso está asegurado una vez más. Este «decretazo», afecta de forma muy directa a Francia a Bélgica y a sus empresas Total y Petrofina; a Gran Bretaña con BP y British Gas, a Brasil con Petrogas y a España y Argentina con Repsol YPF, en todos los casos con contratos firmados y en vigor. En el caso de España, el decreto supremo de Evo, supone la violación de un acuerdo internacional entre España y Bolivia, firmado en 1990 y ratificado en 2001, por el que ambos países se comprometen a que «el país que expropie una empresa del otro, le indemnizara con el valor de mercado de la empresa expropiada» ¿Creen ustedes que el país andino está en condiciones de cumplir esta cláusula? Yo, lo dudo. ¿Y qué hace España ante el atropello? Pues, a mi juicio, el Gobierno español y ZP su presidente, una vez más naufragan en política exterior con Moratinos a la cabeza, que queda en un bochornoso ridículo, poniendo la crisis en evidencia la escandalosa liviandad del Gobierno Socialista de ZP, incapaz de hacerse respetar por sus socios y amigos populistas a los que jalea y financia. No podemos olvidar que Evo fue recibido en España hasta por la más alta magistratura cuando sólo era presidente electo y después de tan complaciente acogida, nos birla la cartera y propina un grueso varapalo a la iniciativa privada en general y a los intereses españoles en particular ninguneados y burlados. En este escenario, la pérdida de peso específico de España en la escena internacional nos impide defender nuestros intereses. Ante este panorama De la Vega se limita a pedir calma y ¡confianza en Bolivia! Moratinos se limita a llamar a consultas al encargado de negocios de la embajada andina en Madrid y a mandar a Bolivia una representación de segundo nivel, que regresa a España con una larga cambiada promesa de negociar y las afirmaciones del vicepresidente boliviano de que «la decisión es irreversible y que no se toca una coma del decreto supremo, éste no se revisa, no se conversa: Se acata». ¿Y ZP?, pues nuestro presidente minimiza los daños, asegura que este atropello jurídico se resolverá con diplomacia y diálogo, que es un «conflicto puntual», y, mantiene la prometida condonación de la deuda y los 60 millones de ayuda al desarrollo, cuidándose mucho de censurar a Evo quien califica a Repsol de chantajistas. Y mientras esto ocurre, los demás afectados toman contundentes medidas, así Lula da Silva, presidente de Brasil, ordena cortar toda inversión de la petrolera Petrobras, reduce en un 50% la compra de gas y acude en apelación a la Organización Mundial de Comercio para denunciar que la actuación de Evo, supone la violación de acuerdos internacionales firmados por Bolivia con el propio Brasil, con Argentina y con Paraguay para crear un anillo energético y la Unión europea condena la nacionalización. En resumen, el apoyo de ZP a Morales -el «Zapatero»-, riéndole las gracias demagógicas, perjudica los legítimos intereses de miles de pequeños ahorradores españoles y a una empresa española de relieve como es Repsol, a la vez que rompe el marco jurídico internacional. Si nuestro presidente, aún piensa de un modo romántico, que las nacionalizaciones son la solución para países como Bolivia, se equivoca, pues yo creo modestamente, como casi todo el mundo, que las mismas sólo traen más pobreza y corrupción.