Así no se hacen las cosas

NUNCA le hemos discutido al presidente del gobierno su derecho -y su deber-de buscar el final del terrorismo por los métodos que considere más idóneos. Sólo hemos suscrito cuatro condiciones que fueron puestas por él mismo, reiteradas por sus portavoces y defendidas por su partido y gran parte de la sociedad: 1) Que todo se hiciera en el marco del Estado de Derecho, aunque con la flexibilidad precisa en la aplicación de la ley. 2) Que no se pagase ningún precio político ni se haría concesión alguna con apariencia de pago a la banda ETA. 3) Que no hubiese negociación con Batasuna en tanto ese partido sea ilegal. Y 4) Que se siguiera la hoja de ruta ofrecida y aceptada por la mayoría parlamentaria, empezando por los nacionalistas vascos. Esa hoja señala como primera meta el abandono de las armas y sólo después se entraría en el debate político, no porque lo pida ETA, sino porque ha llegado el momento de llevar las reformas al País Vasco. Pues bien: al menos dos de estas condiciones pueden haber sido burladas en las últimas horas. El propio señor Zapatero brinda la posibilidad de abrir el diálogo político antes de terminar el «proceso de paz». Y su partido avala que el PSE se reúna con Batasuna. Dice José Blanco que sólo será para convencerlos de la necesidad de que acaten la ley. Asegura el ministro de Justicia que nunca habrá negociación política con una fuerza ilegal. Aún así, el PSE ha pasado de decir que no reconoce la existencia de Batasuna a sentarse con sus dirigentes. Y esto crea tal desorientación en la opinión, que parece que nos han engañado. Mejor dicho: hay mucha gente empeñada en decirnos que nos han engañado. Ayer se escuchó mucho en análisis periodísticos y en las críticas del Partido Popular. Con el mayor afecto al señor presidente del gobierno: no se pueden hacer las cosas así. No se puede pasar dos meses predicando que no habrá mesa de partidos hasta después de sellar la paz, y aceptar ahora una vía paralela. Eso es condenarse a negociar bajo la vigilancia de una banda armada en activo y provocar a la oposición política. Un jefe de gobierno no puede dar pasos que justifiquen que haya voces que le acusen de habernos engañado, y esa doliente acusación se ha empezado a escuchar. Y un partido que gobierna no puede reunirse, para nada, con una organización que no sólo es ilegal, sino que tiene prohibida por la Justicia toda actividad política. Me temo que, después de esto y la confusión creada, ya no basta con una comunicación de Zapatero al Congreso. Hace falta el debate que no hubo el martes. O eso, o una clarificación de los cambios operados. La opinión pública no puede vivir con el temor de que cada mañana se improvisa una declaración.