Asfixiante presión sobre jueces

SEÑORES, con la Justicia hemos topado. Para ser más exactos: con la ley y la exigencia de su cumplimiento. El destino quiso que coincidieran dos noticias en menos de 24 horas: la prohibición de una rueda de prensa de Batasuna por el juez Grande-Marlaska y el comienzo de la asamblea de Jueces por la Democracia. Esta reunión se celebra en Vitoria, y no por casualidad: sus señorías eligieron la capital vasca como gesto de apoyo al proceso político en marcha. Es de suponer que los jueces de la otra asociación, la llamada Profesional, conservadora, mayoritaria, de tantas coincidencias con el PP, no darían nunca un paso así. Entre actuaciones y gestos, declaraciones y supuestos, vuelve al primer plano de las incógnitas el papel de la Justicia, debidamente agitado por algunos sectores políticos y periodísticos. Para ellos, Grande-Marlaska representa lo que dijo Ángel Acebes: el mantenedor de «la decencia y la dignidad del Estado de Derecho». Siguiendo esa tesis, hay que suponer que Jueces para la Democracia quizá estén en vísperas de prevaricar con tanta buena actitud. Anoten ustedes la palabra prevaricación. La oiremos muchas veces, casi todos los días, mientras dure esta historia. Para más de un analista, lo que les dijo ayer Joseba Azkárraga, en el sentido de aplicar la ley según la necesidad política, es una invitación a ese delito. Así estamos. Lo malo es el juego que se está haciendo con la función judicial. Una decisión de los tribunales es buena o mala según la ideología de quien la comenta. Y así puede ocurrir que el elogiado Grande-Marlaska es un gran juez cuando manda a los guardias contra Batasuna, pero se pliega a la política cuando no decreta la prisión para Otegi y compañía. Lo mismo le ocurre al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido: cumple con su deber cuando los fiscales piden penas de prisión, pero es sumiso o indolente cuando apuesta por la clemencia. Es una presión asfixiante sobre los encargados de administrar la ley. Pero no terminará ahí. Ahora ha surgido un nuevo frente: se trata de empujar a la Justicia para que aborte la reunión de los socialistas vascos con Batasuna. Ni más ni menos. El razonamiento es obvio: mientras Batasuna sea ilegal, no puede ser interlocutor político. Patxi López podría ser imputado por desobediencia judicial. ¡Toma del frasco! Pues es posible que ocurra. ¿La solución? Que Patxi no se reúna con Batasuna, sino con unas personas que tienen derechos individuales, entre ellos el de reunión. ¡Dios mío, la cantidad de filigranas que hay que hacer para bordear la ley y sus limitaciones! Escribió Blanco-Valdés que hay riesgo de escisión social. Sin duda, profesor. De momento, ya vamos por la Justicia.