En mi nombre, no

COMO EN ocasiones anteriores, las cifras sobre la participación en la manifestación del pasado sábado difieren de quien las proporcione, El País (200.000) o La Cope (un millón); ya estamos acostumbrados, en los números siempre ha ocurrido lo mismo, también en la actitud del presidente Zapatero respecto a los manifestantes. El gobierno mira ostensiblemente hacia otro lado ni siquiera los considera, ningunea la representatividad de la AVT contraponiendo ésta a otros pequeños grupos sin a penas representación, critica a su presidente Francisco Alcaraz al que se sataniza como neofranquista, cuestiona la presencia del PP en la misma, especialmente la de Mariano Rajoy como desleal al gobierno. Sin embargo, el hecho cierto es que los cientos de miles de manifestantes del sábado en Madrid no son más que una pequeña muestra de los muchos españoles que no pudieron asistir, y que están en desacuerdo con la manera en la que el gobierno de Zapatero pretende resolver el problema de la violencia etarra. Como el presidente, todos estamos hastiados del terrorismo, queremos acabar con él; pero resulta difícil aceptar que la solución pase por la rendición ante las exigencias del nacionalismo. Para eso no han muerto casi mil personas. Probablemente no se soluciona el problema con medidas estrictamente policiales, aunque hay que reconocer que la política de acoso policial y las medidas legales del gobierno Aznar pusieron a Eta y a su entorno contra las cuerdas. La ilegalización de Batasuna fue una medida consensuada entre el PP y el PSOE que dio buenos resultados, y ese consenso entre los dos partidos, ahora perdido, fue la mejor arma contra el entramado etarra. Todo cambió con lo ocurrido en el 11 de marzo y las elecciones siguientes que dieron la victoria a los socialistas. En realidad ya había cambiado antes, con el llamado pacto del Tinell y el acuerdo más general del PSOE con los nacionalistas de Esquerra de modificar el marco estatutario y arrinconar al PP de la vida política. Lo que se cuestiona no es el acabar con la violencia etarra sino la política de aislar al PP a costa de lo que sea, por ejemplo pactando con partidos que están en la ilegalidad, como Batasuna. El secretario del PSOE afirmaba el sábado que son mayoría los españoles que quieren la paz; es verdad pero no a cualquier precio y sin honor. En el partido socialista se han alzado voces contra la forma de lograr esa paz. Las hay críticas aunque con sordina, como las de Felipe González que habla de negociar sólo cuando HB renuncie y denuncie la violencia; las hay que claman al cielo, como las de Rosa Díez o Gotxone Mora, ante los desgarrones que esa política está produciendo. Algunos militantes hablan públicamente de abandonar el PSE, otros, como Rosa Díez, se mantienen en él pero sin callarse por lo que se está sucediendo. Esta eurodiputada cree que no solo es una inmoralidad sentarse a negociar con «los que daban chivatazos para matarnos», como hace Patxi López con Otegui, si no que es un grave error político y una cobardía. Pero el problema no es sólo cuestión de formas, aunque lo sea y José Blanco se haya visto impelido a pedir disculpas por ello; tampoco lo es, aunque sea grave, que el PP se sienta engañado por Zapatero, como ocurrió en el debate sobre el estado de la nación. Ni siquiera tendría importancia esa extraña amenaza de Batasuna poniendo plazo al gobierno hasta el uno de julio. El problema deriva de que esta cesión a los nacionalistas, no solo a Eta, quiza no sea un error o algo coyuntural sino una estrategia política de Zapatero, aunque desde una óptica de izquierdas resulte incomprensible. Es difícil de entender que se califique de izquierdas una política que provoca el desmantelamiento del Estado, y la desigualdad e insolidaridad territorial, lograda además por la coacción terrorista. Sólo tiene sentido a corto plazo si de lo que se trata es de aislar al PP, pero mucho me temo que, al final, el regate en corto de Zapatero no sirva sino para meter el gol en su propia meta. Por eso, en mi nombre, no a la negociación con Eta.