La escuela leonesa en el mundo rural

LA ESCUELA rural en León es cara pero es imprescindible. Es poco rentable, sí, si se mira con los ojos mercantilistas de algún político, pero es la manera más eficaz y natural de ayudar a que las gentes de nuestros pueblos siga viviendo allí donde están sus raíces familiares y sociales, pues es la savia económica y humana de nuestra provincia y también, aunque a veces no se reconozca, de Castilla y León. Si la educación fuera en nuestra tierra la piedra angular de una región con futuro, los políticos actuarían con más decisión y sobre todo, con más compromiso. Pero los burócratas de la administración, sean del signo que sean, miran con un ojo la posibilidad que ofrece la prensa cuando se anuncian con alharacas las mejoras educativas, pero no apartan el otro ojo de los presupuestos hechos a punta de tijera en lo tocante a educación pública. Llama la atención leer al Consejero de Educación los aduladores comentarios a la gestión de su Consejería en cuanto al compromiso con el mundo rural. Uno de los últimos comentarios fue el «gaudeamus» sobre los Centros de Educación Obligatoria (CEOs) cuyo fin es, en teoría, fijar la población escolar en los pueblos. También, aprovechando la ocasión, se ufanaba el Consejero de Educación del esfuerzo que hace la Junta de Castilla y León por mantener abiertas escuelas rurales con pocos alumnos. Pues bien, hay que saber que en toda la comunidad hay sólo cuatro CEOs. El de León, CEO «Camino de Santiago» en La Virgen del Camino, está a 8 Km. de León en una zona escasamente rural. CSI·CSIF ha solicitado la construcción de un CEO en Santa Marina del Rey y otro en La Baña, pero nuestras propuestas han caído, de momento, en el olvido. Pero si de compromiso con la educación en el mundo rural hablamos, recordémosle al Consejero de Educación que se han autorizado y luego pagado con dinero público conciertos educativos en La Robla, Santa Lucía de Gordón y La Bañeza, a pesar de contar con menos alumnos de los que establece la normativa vigente para concertar unidades, en una clara maniobra de competencia desleal y escasa planificación educativa y menor previsión presupuestaria por parte de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa. También las demás comarcas deberían recibir más atención por parte de los ayuntamientos de la zona y de la Consejería de Educación. Se incumplen reiteradamente por los ediles los compromisos de cuidar y mantener los colegios públicos, contratan en precario al personal de limpieza y remozan con escaso interés aulas y patios donde estudian y juegan los hijos de sus votantes. La Consejería, por su parte, desoye las demandas de CSI·CSIF sobre las necesidades de personal docente de educación especial y de personal de administración y servicios y más tras unos años en los que se han multiplicado las tareas administrativas de los equipos directivos, sobre los que la Consejería hace recaer una burocracia que les impide, a veces, ejercer el liderazgo docente que deben tener en los centros. Sería inexacto enumerar sólo las críticas a las administraciones local y regional pues es cierto que el esfuerzo económico realizado en el ámbito rural es considerable. Pero también es cierto que estamos viviendo en la región más grande de Europa y en la provincia con mayor número de centros rurales (agrupados en CRAs). Si en el año 2000 el paso de competencias educativas del MEC a la Junta se hizo teniendo especial cuidado en la atención a estos centros rurales agrupados (CRAs), durante estos últimos años no se han actualizado las compensaciones y sí han crecido las dificultades. Una de las causas está en el desvío cada vez más acentuado de fondos educativos desde las partidas económicas de la educación pública a la concesión de conciertos educativos, que, curiosamente, nunca atienden el ámbito rural, (descontando Santa Lucía y La Robla en donde se ha atendido más de la cuenta). Está claro que hay que comprometerse más con las necesidades educativas de los alumnos de escuelas unitarias, de un solo maestro, con pocos estudiantes pero de edades muy diversas, lo que genera problemas especiales. La solución, no por repetida menos vigente, es ofrecer fórmulas para lograr una atención más adecuada de estos niños y compensar las dificultades de los docentes, verdaderos protagonistas de la enseñanza. Es necesario que se agilicen las sustituciones del profesorado en situación de baja, pues no es lo mismo realizar una sustitución en un colegio que en un CRA, en el que sólo los maestros especialistas o el equipo directivo puede desplazarse hasta el «pueblín» donde la maestra está de baja, dejando así de dar sus clases en la cabecera del Colegio. Es necesario que la consejería aborde acuerdos eficaces con las entidades locales para que éstas se vean motivadas y obligadas a realizar las funciones que le encomienda la ley: el mantenimiento y la limpieza de los colegios, para que los maestros y maestras no sean además de especialistas en educación, fontaneros, electricistas o persianeros, cuando no interlocutores de los alcaldes de pueblo para que den un poco más de dinero para calefacción, o ante el obispado para que, por ejemplo, no se desbaraten los horarios de todos los profesores tan sólo por la falta de previsión al cambiar las propuestas de los profesores de religión una vez empezado el curso. La Consejería de Educación debe realizar un examen serio de su gestión en el mundo rural, debe dirigir sus presupuestos a la enseñanza pública, única que garantiza la igualdad y la libertad de todos, debe afrontar con valentía la escolarización de alumnos inmigrantes, muchos de ellos en el medio rural, y debe afrontar la realidad de la escuela rural no aplicando el fino arte de las supresiones, amortizaciones y clausuras (desde 1993 han desaparecido 500 unidades de educación infantil y primaria) como si se tratase de un responsable de personal de la Seat, sino con la convicción de que la región ha crecido a hombros del mundo rural y ya es hora de ser responsables, de ser un poco más cautos con la publicidad y el auto bombo y de empezar de una vez a trabajar con otras consejerías para devolver al pueblo lo que es del pueblo.