Una condena necesaria

SEGÚN parece el Partido Popular sigue fiel a la idea de que España es diferente. Mientras las derechas democráticas europeas han condenado sin reservas los regímenes fascistas y autoritarios que gobernaron sus países en el pasado, el PP sigue mostrando una contumaz resistencia a condenar abiertamente el régimen de Franco y a reconocer a sus víctimas. Especialmente grave ha sido su oposición, en sintonía con la extrema derecha europea, a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en la que, como ya había hecho por unanimidad el Consejo de Europa el pasado mes de marzo, se condena la dictadura franquista y se rinde homenaje a los combatientes por la democracia en España. Como acertadamente recuerdan ambas instituciones, el conocimiento de la historia, además de jugar un importante papel en la formación cívica y moral de las nuevas generaciones, es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Así pues, no se trata, como sostiene el PP, de reabrir antiguas heridas ni de remover viejos rescoldos, sino de cumplir con una exigencia de primer orden para configurar el futuro democrático de España. Sobre todo cuando un sector extremista de la derecha está empeñado en un peligroso ejercicio de revisionismo histórico, edita y difunde profusamente determinados libelos en los cuales se presenta a la dictadura como un simple régimen autoritario-paternalista y se imputa a los republicanos las responsabilidades de la terrible tragedia que asoló España a finales de los años treinta del pasado siglo. En vez de proporcionar cobertura política a este sector, el PP debería tomar ejemplo de la derecha francesa que, con la excepción del ultra Le Pen, ha condenado el gobierno colaboracionista de Vichy, o de la italiana que ha hecho lo propio con el régimen de Mussolini y, desde luego, de la alemana que asumió el concepto de «patriotismo constitucional», propuesto por Habermas, con el fin de dotar a Alemania de una nueva identidad democrática antitética del «patriotismo nazi», cuyas consecuencias son bien conocidas. No es suficiente afirmar, como hace el PP, que no se siente heredero del franquismo y que su historia comienza en 1978, con la Constitución que garantiza la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos del país. Es preciso que comprenda que ese proclamado patriotismo constitucional es incompatible con aquel otro «patriotismo», el de la vieja tradición del nacional-catolicismo excluyente y liberticida. Y eso es precisamente lo que el PP no deja claro con su reiterada negativa a condenar el franquismo. Mientras siga prisionero de sectores políticos y mediáticos de la extrema derecha no debe extrañarse de que una parte mayoritaria de la ciudadanía lo perciba como el heredero nostálgico de un régimen detestable.