Baja calidad democrática

UNA DIFERENCIA entre democracia de calidad deficiente y democracia de alta calidad es que en la primera los políticos huyen de sus propias responsabilidades, mientras que en la segunda, en vez de huir de ellas las asumen. Y al asumirlas, los políticos dimiten. O son cesados. Con la dimisión o el cese suele desinflarse el globo deun escándalo de corrupción, por ejemplo, o desaparece la polvareda que levanta en el terreno parlamentario toda catástrofe previsible y no evitada. Recientemente se han producido en España dos hechos catastróficos, aunque de signo muy diferente: uno, la muerte de cuarenta y tres viajeros en el accidente que hace poco más de un mes sufrió en Valencia un vagón del 'metro', o del tren de cercanías, como lo denominan algunos responsables no responsabilizados de la insuficiencia de medidas de seguridad que toda suburbano exige; otro, el motín de los empleados de tierra de la compañía Iberia en el aeropuerto barcelonés de El Prat, ocupando las pistas e impidiendo el aterrizaje y despegue de aviones. Durante más o menos diez horas, ni el Estado ni la Generalitat ejercieron su autoridad en el asfalto de las pistas, sometidas a la enfurecida voluntad de los amotinados. Tras dos semanas de sesiones, una comisión del Parlamento valenciano aprobó ayer, con el voto mayoritario del PP, un dictamen en el que el accidente del 'metro' se considera inevitable e imprevisible, por lo que no se deriva de él la menor responsabilidad política. La culpa fue del exceso de velocidad, es decir, del conductor fallecido, condición que le impide defenderse. El próximo día 11, un pleno de la diputación permanente debatirá las conclusiones, diametralmente distintas las de la oposición de las del partido gubernamental y mayoritario. Un diputado de la IU valenciana llegó a decir con ostensible sorna que no desearía que, después de esta catástrofe, el PP acabe colocando una medalla en el pecho de alguien. Y lo de El Prat. Se sabe ya que las fuerzas policiales, las más especializadas en situaciones de extrema dificultad, no actuaron en las pistas ante el riesgo de un problema aún mayor, dada la abundancia de combustible en los aviones inmovilizados y algún posible enfrentamiento directo entre los trabajadores amotinados y varios cientos de pasajeros iracundos por ver deshechos sus planes de viaje. ¿No va a aparecer algún responsable político o empresarial del caos que vivió El Prat hasta tres días de acabado el motín? ¿Y van a sortear la ley, obviamente penal, los trabajadores que promovieron la paralización aeroportuaria de El Prat, haciendo imposible incluso el transporte urgente de órganos humanos para su transplante?, dicho sea con el fin de señalar hasta donde llegaron lo que un amotinado orgulloso llamaba, identificándose con Bush, «daños colaterales». Ayer estuvo reunido durante horas el comité de empresa de Iberia para estudiar el acuerdo alcanzado entre las empresa y los trabajadores de tierra de El Prat, y en ese acuerdo la compañía privatizada, y por lo tanto privada, se compromete a no tomar represalias con los promotores del motín. Pero un espacio del territorio nacional ha estado durante horas en manos de unos trabajadores levantiscos y en rebeldía asocial, cuya desesperación laboral es comprensible y digna de la mayor solidaridad, pero no así el amotinamiento y la dimensión y variedad del daño producido. Lo más cómodo en estos casos es arremeter contra el sector público, desde el Gobierno central a la Generalitat pasando por Aena, y dejar a los trabajadores tranquilos en sus incertidumbres, pero ya parece ir esclareciendo que la empresa implicada, la privatizada Iberia, cometió errores de bulto, suficientes para servir de atenuantes a unos trabajadores a los que tampoco asiste el derecho de eludir la ley. ¿Quién va a dimitir?