Fraude filatélico: no con mis impuestos

TRES MESES se han cumplido desde el escándalo social que supuso la en ese momento sorprendente intervención judicial que cerró Fórum Filatélico y Afinsa, con un agujero patrimonial conjunto de entre 4.000 y 5.100 millones de euros. En estos tiempos de gobiernos y oposición populistas existe el peligro de que sus responsables destinen los impuestos de los ciudadanos a rentas directas en votos, en lugar de a tareas propias de un Estado «social y democrático de Derecho», como dice nuestra vapuleada Constitución. Con los casos Afinsa y Fórum Filatélico se sigue corriendo este riesgo, máxime cuando muchos Ejecutivos están ya en precampaña electoral y numerosos abogados no paran de firmar contratos con el coro de afectados, prometiéndoles, a cambio de la correspondiente minuta, la defensa cerrada de sus derechos y la exigencia al Gobierno de que el Estado sea responsable civil subsidiario de los daños y corra con el pago de todas las cantidades invertidas y no recuperadas en esas pirámides de Keops y Kefrén que con tanta dedicación construían sus máximos arquitectos. Otra vez la eterna cantinela de que los defraudados no son responsables del riesgo que voluntariamente asumieron con los defraudadores, y que deben ser todos los contribuyentes los que les resarzan de sus quebrantos, en lugar de asunto entre ellos, con la justicia y el fisco sobre ambos. De nuevo se quiere que salde la cuenta el común, que paga impuestos y lo que invierte lo hace con prudencia y sin codicia en productos financieros solventes, en beneficio de quienes colocan sus reservas y sobrantes en bienes de alto riesgo, rentabilidad muy superior a la normal y poco o nulo control. En una sociedad realmente abierta, regida por la libertad de contratación y la economía de mercado, el reverso del éxito en el riesgo es el fracaso y así hay que asumirlo, porque si el Estado se convierte en garante de las estafas, cada vez habrá más estafadores. Lo que procede en estos momentos es presisamente lo que se está haciendo: que los afectados hayan quedado eximidos por la Audiencia Nacional de hacer frente a los pagos mensuales que debían abonar en virtud de los contratos suscritos; que efectivamente el Gobierno mantenga la asistencia jurídica gratuita a los afectados a través de las subvencionadas organizaciones de consumidores y usuarios; que la Administración, en fin, garantice plenamente la integridad del patrimonio de las entidades intervenidas y de todos sus responsables para hacer una liquidación ordenada y reembolsar equitativamente a las víctimas, empezando por los jubilados sin rentas; que el administrador judicial preserve también el mayor número de puestos de trabajo, y que el fisco renuncie a su facultad de acreedor preferente hasta tanto la totalidad de los afectados no reciba la alícuota de lo que quede. Hechas así las cosas, siempre quedarán personas que vuelvan a las andadas, puesto que es algo que parece inavitable y forma parte de la naturaleza del ser humano, pero eso también forma parte del libre albedrío y para él no debe haber falsas promesas o artificiales resurrecciones. Ley y libertad es lo que se impone en estas situaciones.