Nueva reforma de la LOU

HACE UNOS DÍAS leía en un periódico madrileño, progubernamental por excelencia, que la ministra progre del Gabinete presentaba para su aprobación otra reforma de la Ley Orgánica de Universidades que, en esta ocasión, tendrá como objetivo una universidad pública más participativa y más autónoma, con amplias libertades para elegir rector, seleccionar a los nuevos profesores y organizar sus planes de estudios, contemplándose un estatuto del docente que primará sus méritos docentes y de investigación, para terminar con esa coletilla de la igualdad de sexo pero, como siempre que se habla de este tema, con matizaciones y no precisamente relacionadas con la seguridad en su práctica. Pero lo que me dejó un tanto perplejo fue que el proyecto aprobado suprime las pruebas de acceso para ser funcionario docente por considerar el actual sistema costoso e ineficaz, dado que, entre otras razones, obligaba a los cinco miembros del tribunal, generalmente amiguetes y antiguos compañeros, a pasar varias semanas alejados de su trabajo e, interpreto, acababan con el hígado hecho polvo. Ahora la selección se hará por personalidades de reconocido prestigio, en función de sus méritos académicos. Confieso que para mí siempre ha sido una nebulosa el acceso a la carrera docente universitaria; uno se queda de meritorio, obtiene una beca, hace la tesis doctoral, a lo mejor saca una plaza de asociado, aunque incumpla todos los requisitos, u opta a un contrato, al tiempo que, haciéndose llamar profesor universitario, lo mismo que mi amigo Joaquín se hace llamar doctor, eso sí, y con muy diferente estatus económico imparte conferencias, charlas, algunas clases en esos cursos de verano que proliferan en la geografía patria, cualquier cosilla en donde, además de unos euros en negro, le dan el ansiado certificado. Y acumulando papelotes y trabajillos en publicaciones varias, al cabo de siete años, según las últimas estadísticas, recientemente publicadas en el mismo tabloide, consigue que salga su plaza. Se presenta y la obtiene con seguridad. Luego, a esperar. A Carmen, por ejemplo, una compañera de mi promoción, ahora profesora titular, le toca ser catedrática el año que viene, porque este año «le correspondía» a la profesora titular de Zaragoza. Otro compañero ha sido contratado en Madrid para impartir una asignatura pero, me aseguran, acabará de profesor, porque una vez que entras¿ Un catedrático de escuela universitaria me decía que para acceder a una plaza has de conocer a tres miembros del tribunal y si sabes algo de la asignatura, mejor: darás imagen de bien educado. Pero, ¿quién es ese hado misterioso que saca la plaza?, ¿por qué ocultas razones le toca este año a la de León?, ¿qué dios omnipotente dirige este sistema? Todo esto, para mí, siempre ha resultado un misterio. No conozco a nadie que, procedente de la industria, la empresa, de otra administración, del paro puro y duro, se haya presentado a una oposición y haya obtenido una plaza de docente universitario, como ocurre en otras convocatorias de las administraciones. En alguna de esas reformas de la legislación universitaria con las que pretende confundirnos cada gobierno que accede al poder contemplaron la posibilidad de que determinados profesores de enseñanzas medias pudieran acceder a la enseñanza universitaria, y me consta que alguno lo hizo, pero la iniciativa se frenó en seco. Prudente decisión. ¿Se imagina el lector las consecuencias que podrían derivarse de tamaña ocurrencia? El caos se apoderaría de inmediato de nuestra universidad pública. Para empezar, accederían una serie de personas que contrastaron sus conocimientos en una oposición seria, con cientos de licenciados o doctores para un puñado de plazas, con un tribunal cuyos miembros no se conocen entre sí, ni pertenecen a ninguna camarilla o cuadra . Tomarían posesión de las aulas unas personas que tienen demostrada una aptitud pedagógica que en la Universidad no exigen. De repente, nos encontraríamos con unos docentes acostumbrados a dar un mínimo de cuatro horas de clase diarias y una más, por lo menos, de permanencia en el centro, como guardia o tutoría. Unos profesionales acostumbrados al trato directo con los alumnos y, lo que es peor, con los padres y, en ocasiones, los medios de comunicación. Unos supervivientes de los cuadrienales vaivenes políticos en los que el ignorante de turno, al que le ha correspondido ese ministerio, consejería, dirección o delegación, opta por promocionar la enseñanza profesional o el bachiller, según corresponda, quita y pone asignaturas o cambia el plan. Una auténtica revolución, a la que lógicamente, no se atreve la progre , que también es profa universitaria. Me dirán, con razón, que no investigan, lo que es cierto; pero la mayoría de los docentes universitarios tampoco. Hace bien la ministra progre, ni seudooposiciones, ni leches, las cosas claras; me imagino, esto no lo dice el periódico, que en estos próximos meses, ayudará cierta adscripción política, sin llegar al sonrojo de una determinada universidad madrileña, y por lo demás, lo de siempre, mucho papelote, sexenios y revistas de impacto. Pero nos ahorramos las dietas de los miembros del tribunal en su peregrinar por las universidades españolas, sancionando lo ya juzgado y ellos no tienen que preocuparse tanto por el colesterol, el azúcar, el ácido úrico y ahora, de los puntos del permiso de conducir. ¡Ganamos todos!