Reformar el Estatuto

EN ESTE TRIMESTRE del curso político que ahora comienza va coronarse la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Aprobado en 1983, ya fue objeto de otras reformas en el 94 y en el 99. Es importante comenzar diciendo que, aunque ésta se haya consensuado con el Partido Socialista, no satisfará a los que se sienten agraviados por la misma existencia de esta Comunidad Autónoma, pues ningún Estatuto establece en su articulado los mecanismos de su propia destrucción. Por lo tanto, no entraremos en ese debate sino en el de la reforma en sí misma considerada. También me parece importante consignar que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera ha liderado las negociaciones de una forma a la vez prudente y eficaz que propició, desde el debate de Política General del 2005, el acuerdo de los dos partidos para culminar los trabajos y negociaciones de la reforma. Con ella se trata de que Castilla y León alcance su techo competencial pero siempre dentro de la Constitución de 1978, sin hacer seguidismo de otras reformas discutibles y discutidas como la catalana, llevada ante el Tribunal Constitucional. Más que hacer autonomismo disgregador, se ha querido hacer autonomismo integrador, que es justamente lo contrario de aquél. Dentro de las novedades de la reforma, está la consideración de Castilla y León como comunidad histórica y cultural. Esto puede disgustar a algunos, pero no deja de ser verdad que lleva el nombre de dos antiguos reinos que han conformado España y que, precisamente por esa razón, figuran en los cantones superiores de su blasón desde los Reyes Católicos. Otras novedades interesantes especialmente para León, tan rico en tradiciones milenarias, es el respeto del Derecho consuetudinario y la protección del leonés por su especial valor lingüístico. ¡Qué lejos quedan ya aquellos recelos -bastante artificiales, hora es ya de decirlo- por la amenaza de supresión de las Juntas Vecinales! Y especial interés reviste la competencia sobre las aguas de la cuenca del Duero, que abarca las aguas de la cuenca que nazcan en Castilla y León y deriven hacia Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad. Además cabe señalar que en esta reforma se recoge una nueva tabla de derechos individuales y otra de principios rectores de las políticas públicas. En la tramitación ante las propias Cortes cabe esperar que se objete la falta de compromiso de financiación, aunque esa no es materia de un Estatuto sino de los presupuestos anuales. Habrá igualmente enmiendas y debates en comisión y en pleno, de distinto calado, que se sustanciarán según el Reglamento. Si, como es de esperar, las Cortes aprueban la reforma, será remitida al Congreso para su tramitación, que no decaerá aunque las Cortes autonómicas se disuelvan ante las próximas elecciones de mayo del 2007. Es de suponer que el mismo consenso que ha presidido la fase previa se mantenga hasta el final en las Cortes generales, aunque puedan introducirse modificaciones de detalle. Pues las otras, aquellas que pudieran desvirtuar la naturaleza jurídica de la reforma y su alcance político, conllevarían la inmediata retirada del proyecto. Enigma: hay signos sutiles de que vuelve la cordura.