Blanco coloca el cartel de «completo»

SEGÚN La divina comedia que escribió Dante, en el pasadizo que lleva las almas al infierno hay un letrero que dice: «Abandonad toda esperanza». Es el mensaje que a los políticos españoles, esta vez con pocas excepciones, les gustaría poner en la autopista del mar que trae cayucos a Canarias; en las carreteras que traen autobuses repletos de sin papeles, y en los aeropuertos donde aterrizan otros tantos de los llamados «ilegales». Le gustaría a Mariano Rajoy, que va a proponer que se prohíban las legalizaciones masivas, como hizo la Constitución con las amnistías. Y le gustaría al gobierno y al Partido Socialista, cuyo máximo representante, José Blanco, declaró que el mercado laboral español ya no admite más inmigrantes sin contrato. Es decir, que las entradas en España están dejando de ser los caminos del paraíso y empiezan a ser los pasadizos que conducen al infierno. Hasta ahora, el fenómeno -el drama- de la inmigración tenía mucho de sentimental. Quisimos ser comprensivos, porque fuimos un país emigrante. Quisimos ser tolerantes, porque dábamos acogida a gentes que se morían de enfermedad y hambre. Se han hecho hermosos discursos como el de Rubalcaba y la imagen de la protesta del continente africano. Y aceptamos la legalización de Caldera porque, a pesar del efecto llamada, resolvía la situación injusta de un millón de personas y hacía aflorar mucha economía sumergida. Hasta ahora. Septiembre es el mes del gran cambio. Lo inauguró la vicepresidenta Fernández de la Vega con su anuncio de tolerancia cero. Lo siguió el presidente, y ayer José Blanco dijo lo definitivo: el mercado no admite más. Todo suena como una campaña para combatir la sensación de que en España cabe todo el mundo. Pero, al margen de las palabras, hablan sobre todo los hechos. Y los hechos son: 1) Que Canarias no aguanta más. Hay municipios que se niegan a recibir a más inmigrantes, mientras su clase política avisa de posibles conflictos con el Estado. 2) También la opinión pública cree que hay demasiado extranjero y, cuando eso se piensa, los poderes públicos no pueden ser ajenos a ese criterio. Y 3) Los inmigrantes parados ya nos cuestan dinero en los presupuestos del Inem: exactamente 55 millones de euros anuales. Quiere decirse que ya hay extranjeros (unos ciento cincuenta mil) registrados en las listas del paro, y eso es un fenómeno nuevo. Se admite bien al inmigrante que trabaja y produce, pero mal al que disfruta de nuestro sistema asistencial, aunque haya contribuído. Por cierto, y entre paréntesis, en el ámbito del gobierno sólo queda un equipo que asegura que todavía hay sitio: el de Jesús Caldera, ministro de Trabajo. ¿Sería mucho pedir que los gobernantes unificaran su mensaje?