Con el fuego no se juega

QUE EL PARTIDO Popular está dispuesto a todo, incluido el juego sucio y, más todavían, el deterioro del sistema democrático, para recuperar el poder es algo muy evidente desde el 14 de marzo del año 2004. Su rechazo a aceptar la derrota electoral se ha convertido finalmente en la única línea de fuerza que inspira su estrategia política, y explica el comportamiento manifiestamente irresponsable y la política de tierra quemada que la formación conservadora ha practicado a lo largo de los dos últimos años. Pero con la decisión de utilizar a sus alcaldes con el fin de retrasar deliberada y artificialmente los convenios para crear brigadas antiincendios, el Partido Popular ha traspasado límites políticos y morales que en una democracia son infranqueables. Porque, en efecto, de la circular interna que la responsable de organización de los populares en La Coruña, María Faraldo, envió a los regidores populares de los municipios de la provincia, aun haciendo una interpretación benévola del texto, se deduce claramente que el Partido Popular discutió, diseñó e implementó una estrategia destinada a limitar la capacidad de respuesta y la eficacia de la lucha contra el fuego con el único fin de desgastar al Gobierno, aunque espero -y deseo- que cuando el partido de la oposición tomó tan censurable decisión careciera de cualquier previsión sobre las pavorosas dimensiones que con posterioridad adquirió la catástrofe. Tal como están las cosas, Alberto Núñez Feijoo está obligado a aclarar, con todo rigor y lujo de detalles, este desdichado asunto, y ha de ser consciente que en esta ocasión no le servirán los malabarismos dialécticos a los que nos tiene acostumbrados. Pero si de verdad quiere salvar la credibilidad democrática de su partido, además de las pertinentes explicaciones, el presidente del Partido Popular de Galicia habrá de tomar algunas decisiones drásticas, aunque éstas sean muy dolorosas. La primera de ellas, desconvocar la manifestación del próximo día 17 que, a la luz de los hechos, representa un auténtico desafío a la inteligencia de los ciudadanos. La segunda, cesar a la dirección provincial de La Coruña -no hay que olvidar que María Faraldo se ha limitado a trasmitir una decisión política colectiva-, cuyos miembros no son dignos de dirigir un partido democrático. Por fin, el presidente del Partido Popular debe impedir que los alcaldes que, abdicando de sus responsabilidades institucionales y de sus obligaciones con los vecinos, se hayan prestado a tan turbia maniobra puedan representar a su partido en las próximas elecciones municipales. Sólo así evitará Alberto Núñez Feijoo el deterioro irreversible de su partido, y sólo de esa forma acreditará su liderazgo y su compromiso democrático. En un plano más general, ha llegado la hora de afirmar solemnemente que en democracia no todo vale, y de recordarle al Partido Popular -y de paso también al resto de los partidos- que en la práctica política es necesario que exista coherencia entre los medios y los fines; de lo contrario, es legítimo pensar que éstos no son precisamente los que se proclaman.