Agenda política

EL INFORME educativo anual de la OCDE, Education at a Glance, que acaba de darse a conocer y cuyas conclusiones aparecieron en todos los medios, sitúa a España, con un fracaso escolar del treinta por ciento en la etapa obligatoria, en el furgón de cola de los países desarrollados. Es evidente que las causas de ese desaguisado son variadas y, por supuesto, discutibles. Pero si en el informe de la OCDE hay un dato verdaderamente relevante e indiscutible que explica esta indeseable situación, éste es sin duda la insuficiencia de recursos que dedicamos al sistema educativo. En efecto, España se sitúa entre los países que menos recursos públicos dedica a la educación. En la UE-15, únicamente Grecia e Irlanda presentan niveles de gasto público educativo más bajos que España. Pero lo más grave es que, en el período al que se refiere el informe, no sólo no se ha corregido esta situación, sino que se ha agravado como consecuencia de la caída del esfuerzo financiero público en el sector educativo, caída que se ha concentrado en los niveles primario y secundario. A todo ello es preciso añadir la profundización del carácter dual del sector educativo no universitario. Buena parte de los centros privados concertados han conseguido protegerse, utilizando métodos más que discutibles, ante fenómenos que afectan de forma severa a los centros públicos, como la llegada de los hijos de los inmigrantes. Este proceso ha generado la existencia de patrones desiguales de fracaso escolar entre diferentes clases y grupos, afectando gravemente a la equidad del sistema. En términos más generales, el informe de la OCDE devuelve a primer plano la realidad de nuestra situación socioeconómica. Porque España, pese a haber disfrutado de un ciclo económico expansivo de larga duración, no ha sido capaz de superar las graves desigualdades sociales que la sitúan entre los países con menor cohesión social y con mayores desigualdades de riqueza y renta de la UE. Si en educación el informe de la OCDE no deja lugar a dudas, en sanidad España es el país que, después de Grecia, tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE-15. El gasto que dedicamos a pensiones está todavía muy alejado del promedio europeo (11% del Producto Interior Bruto), y en los servicios de ayuda a la familia, a enorme distancia. Éstos son los problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Cambiar la agenda política y situar estos temas en el centro del debate y de la acción pública es la obligación del Gobierno y debería ser también su estrategia, en abierta contradicción con sus antecesores, cuya insensibilidad política les ha impedido aprovechar el ciclo expansivo para corregir el histórico retraso social de España.