El cinturón del ajo

EN LA UE AMPLIADA vuelven a distanciarse el cinturón del ajo del norte calvinista, sin que el espacio intermedio tenga mucho que decir. La frialdad brechtiana con que Alemania viene observando la permeabilidad de las fronteras marítimas de los países del sur simbolizaría un cierto desinterés de la Europa abierta al Atlántico hacia la Europa cerrada al Mediterráneo, a pesar de que los acantilados de Malta y las playas andaluzas -igual que las Islas Canarias- son tan frontera europea como los puertos de Londres, Hamburgo o Amsterdam. Para lanzarle al norte una llamada de atención, esta semana se reunieron en Madrid los ministros de Exteriores e Interior del cinturón del ajo, al que se ha añadido Eslovenia, que siempre fue parte de algún imperio centroeuropeo; Malta, cuya población creyó hasta hace poco tiempo que vivía en la desembocadura del Támesis, y Chipre, una isla en la que se ha escenificado una alianza de civilizaciones, a su manera claro. Los ocho países reunidos en Madrid sobre inmigración irregular no esperaba alcanzar a «soluciones mágicas, inmediatas o milagrosas», dijo Moratinos, pero lo menor es que «podamos enmarcarnos de manera conjunta y solidaria» para ir creando una política inmigratoria europea común, cada vez más solidaria y coherente. En cierto modo, los ocho países pretender formar dentro la UE una grupo de presión, el lobby meridional que convenza al norte de que el litoral mediterráneo europeo, y el canario atlántico, es frontera de la UE. Pero frente al problema de la inmigración tampoco en el cinturón del ajo hay criterios unánimes, pues a la idea del francés Sarkozy de prohibir por ley las regularizaciones masivas se opone lógicamente la realidad española, un país que ha sido emigrante, incluso a Francia, hasta hace unos años, y receptor de fuertes inmigraciones varias desde hace menos de una década. Francia siempre ha sido país de acogida y de asilo político, y el mestizaje en densos núcleos de su población demuestra que la descolonización de Argelia, por ejemplo, supuso la absorción en la metrópoli de todos cuantos franceses argelinos desearon seguir siendo franceses. Ahora se ha endurecido Sarkozy, y muchos otros países critican las regularizaciones y, muy concretamente, la que la realizado España en esta legislatura. Pero ¿qué se puede hacer o qué habrá que hacer en algún momento con esos millones, doce o catorce millones de inmigrantes irregulares que trabajan en la UE sin documentación legal? De momento, los ocho del ajo quieren más dinero de la cantidad que Bruselas destina a inmigración, cerca de dos mil millones de euros y, como propuso el ministro español de Interior, Pérez Rubalcaba, que las repatriaciones se negocien y realicen de acuerdo a una política conjunta de toda la UE.