Sondeos

LA PRIMERA vuelta de las elecciones en Brasil ofrece un oportuno test para valorar las encuestas y el comportamiento de los ciudadanos. Aquellas daban al presidente Lula como fácil ganador, sin necesidad de pasar de nuevo por la aduana de las urnas. Su rival, Alckmin, desconocido por muchos y, al parecer, con nulo estilo populista, no llegaba al 30 por ciento de los votos. Parecía que los reiterados casos de corrupción descubiertos en el gobierno y en el PT no empañaban la estrella carismática de Lula, a salvo de molestas salpicaduras. Tan asegurada parecía la posición ganadora que renunció a participar con sus contrincantes en un debate televisivo. El resultado real, sin embargo, fue que Alckmin se acercó al 42 por ciento de los votos, situándose en una franja apta para pretender el éxito. Con independencia de lo que pueda ocurrir en la definitiva confrontación, ha quedado claro que esos hechos, que tienen relación con la ética, en un caso, y, en otro, con un erróneo cálculo del coste de la desatención a los ciudadanos, han sido determinantes del fracaso. A su favor el presidente tenía, además de su tirón populista, la inercia de la continuidad. La economía brasileña va razonablemente bien y las clases bajas de la sociedad no han empeorado su situación, aunque se encuentren todavía lejos de las metas contenidas en las promesas de hace cuatro años. Que numerosos votantes de Sao Paulo, Rio de Janeiro y de Minas Gerais sean más sensibles a una política económica impulsada por el candidato paulista no explica el resultado. En alguna medida ha habido un voto anti-Lula, muy claro en el recogido por antiguos colaboradores desencantados. Una advertencia para gobernantes que se guíen en demasía por los sondeos, minusvalorando las convicciones. En esa tendencia pragmática probablemente se encuentre la explicación de los cambios que se observan en la palestra política española. En la muda de aliado para el Estatuto de Cataluña, en el actual acercamiento del PSOE al PP en el Estatuto de Andalucía, en la reorientación de la política inmigratoria, que escuece y reclama un pacto. Algo parecido ocurre en el enmarañado «proceso de paz». Para un sector no despreciable de la opinión pública es negativo que el partido del Gobierno se reúna con la ilegalizada Batasuna. Lo recuerdan las manifestaciones de las víctimas del terrorismo. Porque ello erosiona, ha de mantenerse una cierta firmeza en la defensa de la Ley de Partidos, aún a costa de difíciles equilibrios. Los sondeos no aciertan siempre a medir la profundidad del sentimiento de los ciudadanos que, en ocasiones, se orienta más por el rechazo de una opción que por la simpatía hacia otra. En todo caso, tienen la virtud de valorar el protagonismo de la sociedad. La relación de los ciudadanos con sus representantes se funda en la confianza. Un bien a administrar que puede perderse.