Defensa del consumidor

HAY cuestiones que no consideramos baladíes, que nos molestan, suelen repercutir en nuestro bolsillo y son un abuso pero, contra las cuales no podemos luchar porque estamos en franca desventaja o no tienen la envergadura suficiente como para que le dediquemos nuestro, cada vez más, escaso tiempo. Así, el ciudadano, pese a la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario de 1984, se encuentra indefenso ante los contratos de adhesión, es decir, aquellos que nos vinculan con las grandes empresas suministradoras de electricidad, agua o gas, sobre las cuales no se aplica la libertad de competencia y, las compañías proveedoras de servicios, sobre todo, de telefonía fija, móvil e internet, entre las cuales sí se puede elegir pero, a las que se nos ata con documentos trampa. Presionados por la necesidad, impotentes ante contratos que no podemos negociar o modificar de forma individual, los firmamos a sabiendas de que nos van a sacar la mayor cantidad posible de dinero por un producto mejorable. Bombardeados con llamadas telefónicas que nos venden las «excelencias» de un producto o servicio, nunca somos capaces de contactar con el «servicio de atención al cliente» si nuestra factura presenta errores, el servicio es deficiente o queremos darnos de baja. Cada vez que entramos en un aparcamiento lo hacemos conscientes de que van a «sablearnos» por el estacionamiento de nuestro vehículo y cuando procedemos a abonar la cantidad que nos corresponde por hora y no por tiempo real, generalmente, a una máquina a la que le da lo mismo que nos parezca abusivo, sólo podemos lamentarnos. Veintidós años después, por fin, conseguiremos una tarificación real y la simplificación de la tramitación de las bajas, sin embargo, ¿quién nos garantiza que con la previsible reducción de beneficios las empresas no los recuperen con subidas de precios encubiertas?