Día Mundial del Docente

En el Día Mundial del Docente se hace necesaria una profunda reflexión sobre lo que implica ser profesor y su situación actual. Hoy en día el malestar generalizado del profesorado se debe a las dificultades tanto técnicas como profesionales con que se encuentra a la hora de desarrollar su trabajo. En la actualidad se perfila un panorama completamente desalentador en el ámbito de la enseñanza. Un porcentaje importante del profesorado se encuentra desmotivado, lo cual afecta de forma directa a su vida profesional y personal. Esta situación se ha convertido en algo desagraciadamente habitual en el entorno educativo. A esto se añade, agravando aún más la situación, el hecho de que muchos padres carguen al profesorado con la totalidad de la responsabilidad educativa de sus hijos, creyendo que pueden delegar dicha labor en la escuela, eludiendo sus obligaciones como padres al considerar que el sistema educativo en general y el profesorado en particular pueden suplir las carencias de valores que deben ser transmitidos en el seno familiar. La mayor parte de estos valores deben ser inculcados durante los primeros años de vida por los progenitores, dado que la familia no puede ser sustituida en el cumplimiento de esta función social por ninguna otra institución. Para CSI-CSIF no está claro que la nueva ley educativa vaya a conseguir un profesorado más motivado si no se toman las medidas necesarias para que éste se vea respaldado por las Administraciones educativas y se le tribute el reconocimiento social que merece su importante labor. Es imprescindible sentar las bases para que el conjunto del profesorado pueda desarrollar su función en las condiciones adecuadas y con la libertad necesaria que requiere el ejercicio de la docencia. Otro punto que conviene resaltar es el tema de la disponibilidad de recursos económicos de los centros públicos. CSI-CSIF considera insuficiente la partida presupuestaria destinada a la enseñanza pública ya que soporta la mayor parte del alumnado procedente de entornos familiares y sociales desfavorecidos, situación que consideramos debería ser equilibrada repartiendo el número de alumnos que necesitan una atención educativa individualizada entre la escuela pública y la concertada, al estar esta última financiada también con fondos públicos. CSI-CSIF no puede obviar que el factor de la conflictividad escolar y las agresiones son una realidad en los centros docentes, tantos públicos como concertados. La llamada «alta conflictividad» o agresiones físicas, tiene una baja incidencia en comparación con la «baja conflictividad» (insultos, descalificaciones, interrupciones continuas, burlas), siendo ésta el verdadero problema y el factor determinante en la alteración de la convivencia en los centros. Se entiende, pues, que un 86% del profesorado manifieste haber sufrido algún tipo de agresión (de «baja conflictividad») por parte de alumnos y en el aula. Que un 73% del profesorado de Secundaria haya soportado algún tipo de agresión verbal y que el 49% se sienta desmotivado para el ejercicio de la docencia pues es una gesta propia de héroes acudir a un centro de estudio donde la educación y los valores humanos son la parte fundamental de nuestro quehacer y de nuestra vocación y recibir a cambio chanzas, insultos o interrupciones continuas del plan de trabajo propuesto en cada clase. Por esa razón y no por ninguna veleidad social el 81% de los profesores pide la concesión de autoridad al docente como posible solución y más cuando observamos que el primer país del famoso Informe PISA ( Finlandia), que mide diferentes características de los sistemas educativos del mundo, tiene reconocida esa autoridad al profesor como a cualquier otro cargo administrativo que la precise para proponer y en su caso, imponer un mínimo de orden y de disciplina. Estos son datos extraídos de una encuesta elaborada por CSI-CSIF entre el profesorado de Educación Primaria y Secundaria en centros públicos a nivel nacional, y que deberían hacer reflexionar acerca de la difícil situación en la que se encuentran nuestros docentes. Todo ello nos hace ver la necesidad de buscar soluciones realistas que permitan al profesorado ejercer su profesión en condiciones dignas, lo cual beneficiará de forma directa al conjunto del sistema educativo. Sería conveniente, además, lograr un consenso entre las Administraciones educativas, organizaciones sindicales y demás interlocutores sociales que permita acabar con la inestabilidad que nuestro sistema educativo lleva padeciendo como consecuencia de las numerosas leyes que han estado vigentes.