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FERNANDO ONEGA
León

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DESDE hace semanas, la profecía política más fácil -casi grosera- es ésta: el PP no firmará ningún pacto con el gobierno actual ni con su partido. Lo hemos visto confirmado en la propuesta de acuerdo sobre inmigración. El «no» fue también la respuesta a una resolución conjunta sobre la negociación con ETA. Y la tercera negativa, la oferta socialista en relación con el urbanismo y sus corrupciones. Tres pactos, tres «noes». Y en cada uno, un eficacísimo discurso del señor Rajoy: «no saben gobernar y pretenden que les saquemos las castañas del fuego». Desde tal filosofía, no será posible ni el consenso para la reforma constitucional de sucesión en la Corona. Se comprende la negativa a una resolución acordada sobre el terrorismo. Por razonable que sea el escrito que abandera el PSOE, no se entendería una oposición radical y dramática dentro de España y un acuerdo sonriente en el Parlamento Europeo. Es de cajón. Cuestión distinta es el urbanismo. Se dijo «no» antes de que José Blanco presentara su decálogo. Y ahí quizá se debe hacer alguna matización. No hay por qué buscar el apoyo de la oposición en la lucha contra la corrupción. Conseguir que un alcalde o un concejal, quizá un partido político, no cobre comisiones, no es algo que dependa de un acuerdo. Dependerá de la composición de las listas, del comportamiento ético que ese partido imponga, y de la exigencia de responsabilidades -entre ellas devolver el dinero-cuando se descubre un caso. Y si alguien es pillado en delito, que cada palo aguante su vela. Pero hay aspectos que no son responsabilidad de una sola fuerza política. El fundamental es la destrucción del paisaje o, como dice el decálogo del PSOE, la necesidad de «preservar suelos especialmente significados por su valor ecológico, paisajístico o cultural». ¿Es que eso no se puede pactar? Mire, señor Rajoy, que esa propuesta no es ocultar a delincuentes, ni dar un balón de oxígeno a socialistas. Paisajes valiosos se destrozan en zonas gobernadas por el PSOE, por el PP y por los nacionalistas. Ayer mismo, el señor Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, se arriesgaba a decir que el PP no había cometido ninguna irregularidad en su tierra. Sin embargo, Valencia no es un modelo de urbanismo sostenible. La propia Unión Europea le tiene abierto un expediente. Quiere decirse que una cosa es la corrupción, y otra la gestión del suelo. Y su destrucción es tan galopante, por no decir escalofriante, que no puede esperar las «condiciones políticas» para ponerse de acuerdo. Ése es mi reproche al Partido Popular. En lo demás tiene razón: el que no sepa, que vaya a la Universidad. Y el que haya tolerado corrupciones, que se enfrente a su responsabilidad.