Consecuencia consecuente

TODA ACCIÓN HUMANA produce consecuencias, y si la acción es consecuente, sus consecuencias también debieran serlo, en política incluso. El robo por ETA de unos centenares de armas cortas en el sudoeste francés es un delito consecuente con la naturaleza de la banda, y las consecuencias de ese hecho habrían de ser consecuentes con la naturaleza del Gobierno español, que es democrático, representa hasta las próximas elecciones generales a la soberanía nacional y se ha empeñado en una tarea de escasa visibilidad o transparencia pública para lograr el fin del terrorismo etarra. El robo de esas pistolas y revólveres por ETA no es un simple desaire de la banda al esfuerzo pacificador del Gobierno, sino una chulería criminal que la vicepresidenta Fernández de la Vega considera realmente grave. Dada la oposición y la animosidad política que despierta en varios sectores ciudadanos el llamado proceso de paz que pastorea en la penumbra Rodríguez Zapatero, esta acción etarra de aprovisionamiento de pistolones, a los que en manos de la banda se relaciona automáticamente con el tiro en la nuca, parece haber aconsejado al Gobierno un ejercicio de meditación sobre la conveniencia de asegurarse si en sus perspectivas de paz hay una base de realismo o, por el contrario, se refleja un exceso de ilusión o de candidez. La mayoría de la sociedad española respalda el proceso de paz y ha depositado en el presidente del Gobierno el mismo caudal de confianza que en parecidas circunstancias disfrutaron Felipe González y José María Aznar cuando se conversaba discretamente, en Argel o en Suiza, con la banda y todo terminaba penosamente, sin que los terroristas optasen por su reinserción en vez de por seguir tozuda y siniestramente su carrera delictiva. En este momento, sin embargo, ETA ha irrumpido llamativamente en la actualidad, reavivando inquietudes españolas y atrayendo la atención de la Europa política reunida el pasado miércoles en Estrasburgo. El caso es que Zapatero está obligado a que las consecuencias del robo de armas sean consecuentes con la naturaleza de su Gobierno, es decir, que el Gobierno reaccione de conformidad a sus principios. Ya se sabe que lo grandioso de la democracia, por incómodos que a veces resulten en política, son los principios y, por supuesto, el amplísimo espacio moral, limitado por el derecho, en el que la convivencia democrática se desarrolla. Y en ese espacio no cabe ETA más que como banda a derrotar por todos los medios legales, a no ser que se proponga sinceramente renunciar a la violencia y entregar las armas. En ese caso, el esfuerzo de cualquier Gobierno sería exigible, pero nunca mientras en el diálogo entre el Estado y la banda, utilice ésta como argumento sus argumentos habituales. El robo de pistolas frena de momento el proceso de paz, o debiera frenarlo.