El fútbol y la política

Antes de la vigente Ley del Deporte de 1990, los clubes de fútbol eran asociaciones privadas que carecían de ánimo de lucro, tenían por objeto exclusivo fomentar el deporte, los directivos y los socios no respondían personalmente por las deudas del club y, en caso de desaparición, los bienes del club no eran para sus socios, sino para la Administración Pública. Con esta regulación, aunque no solo como consecuencia de ella, el endeudamiento de los clubes de 1.ª y 2.ª División ascendía, en octubre de 1990, a 35.000 millones de pesetas. Para poner fin a esta situación, la Ley del Deporte llevó a cabo un Plan de Saneamiento que consistió, de una parte, en que la patronal de los nuevos clubes (la Liga de Fútbol Profesional) se hizo cargo de la deuda que tenían éstos con Hacienda, la Seguridad Social y el Banco Hipotecario (por la remodelación de los estadios para el Mundial de 1.982), que iría pagando con los ingresos de la televisión y con un incremento en el porcentaje de las quinielas. De otra parte, se obligó los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (excepto 4 de ellos), con lo cual no solo adquirieron el «status» de empresario, sino que nacieron, cada una, con un capital social, que estaba formado por el 50% de la media de gastos de todos los equipos durante los tres últimos años y por el importe de los saldos patrimoniales netos negativos reflejados en las auditorías de cada club a 30 de junio de 1991. El resultado final de este Plan de Saneamiento fue que el mundo del fútbol profesional se recapitalizó: las nuevas sociedades anónimas deportivas no sólo nacieron sin deudas, sino que en ese momento recibieron de sus socios, a cambio de las acciones, nada menos que 15.262.874.000 de pesetas. Pues bien, actualmente, unos veinticinco años después, el mundo del fútbol vuelve a estar en una completa ruina. Como se informaba recientemente en este periódico, a 30 de junio de 2.004 las deudas de los clubes de 1.ª y 2.ª División ascendían a la cifra escalofriante de 2.156.000.000 de euros (unos 358.728.000.000 de pesetas). Es decir, que después de volver a estar a primeros de los años 90 fuertemente capitalizados, de atraer cuantiosos recursos económicos procedentes de las plataformas de televisión, y de haber obtenido otros ingresos atípicos, como los publicitarios, de patrocinio, de merchandising, operaciones urbanísticas, etc, los clubes de fútbol están hoy mucho peor de lo que estaban en 1990. ¿A qué se debe este enorme fracaso? Desde luego, no es consecuencia de la legislación: ni hacen falta nuevas leyes ni las que hay son inadecuadas. Los clubes de fútbol, en tanto que sociedades anónimas, son empresarios y, como tales, están sometidos a las mismas normas contables, fiscales, mercantiles, laborales y penales que éstos. Más aún: los clubes están sujetos a normas más severas que muchos otros empresarios en la medida en que están sometidos al control de la LFP y del CSD. Pues bien, si el problema no está en la legislación, tiene que radicar, lógicamente, en su aplicación. Es indiscutible que el primer responsable del fracaso económico de un club es quien lo gestiona. Pero cuando un empresario no futbolístico incumple la ley, se ponen en juego inmediatamente todos los controles del sistema -incluso el de la imputación de responsabilidad personal al gestor- con el fin de que acabe cumpliendo o que desaparezca del mercado. Pero nada de esto sucede con los clubes de fútbol: si incumplen las normas contables, fiscales o societarias, parece que no pasa nada. De este modo, los clubes de fútbol reciben un trato privilegiado por parte de la Administración sin que exista causa alguna que lo justifique. Todo hace pensar que este trato tan especial a los empresarios futbolísticos, que es, por otra parte, tan claramente discriminatorio con el resto de los empresarios, obedece a razones políticas. Por eso, los ciudadanos deberíamos exigir a nuestros políticos que explicaran las razones por las que se resisten a aplicar la legislación vigente al fútbol profesional.