Hablemos en serio de jueces

SI CUANTO se dice sobre el «proceso de paz» responde a la verdad, estamos en vísperas de un gran fracaso. Sólo un dato alimenta la esperanza: cada día que pasa, sigue siendo un día sin muertes. Pero ignoramos si cada día que pasa es también un día que avanzamos hacia el retorno del terror. Ésa es la angustia de gran parte de la sociedad, cuando cada palabra que se dice es un mazazo, y ahora se acaba de entrar en el peligroso terreno de jugar con la Justicia. Después de muchos episodios y polémicas, nos encontramos con un panorama donde la pregunta es: ¿la actuación judicial resulta un obstáculo para el proceso de paz? Hablemos con el rigor posible, porque es un tema muy grave. Lo primero que hay que decir es que sin colaboración de la Justicia, no se culminará nunca el proceso de diálogo. Nunca. Ya sé que la independencia judicial es un valor sagrado y que no se puede pedir a un juez que desconozca la ley que debe aplicar. Pero también es cierto que si en sus condenas aplica la pena máxima prevista, incluso la pena mayor que se ha aplicado nunca por delito de amenazas, no puede evitar que alguien entienda que pone dificultades al proceso. Lo segundo, que, si hay desconfianza en sus intenciones, está motivada por antecedentes de funcionamiento que coinciden con criterios de partido. Las consecuencias se perciben cuando llegan estos momentos, y el partidismo anterior se convierte en déficit de crédito. Tercero, que en Euskadi existe una perversa corriente de opinión -instalada en el propio gobierno vasco- que piensa que las sentencias se dictan desde el Palacio de La Moncloa y obedecen a Zapatero. El colmo de la lucha política se ha visto ayer, cuando ese gobierno les quitó a los jueces los pisos que les había cedido, y sólo se puede entender como represalia por la investigación abierta al señor Ibarretxe, aunque lo nieguen. Cuarto, los comentarios sobre la condena a De Juana se convierten en dinamita: «obstáculo» para el presidente del Gobierno; imposibilidad para construir la paz, para Batasuna; causa de una huelga de hambre con visos de chantaje. Con esos ingredientes, más unos terroristas que se equiparan en dignidad a los jueces, ¿es posible avanzar algo? Sinceramente, creo que no. Y quinto, la manipulación de hechos y palabras, que Zapatero sufre de forma especial. No acertó al hablar de «obstáculo». Pero también dijo que no se dará «ningún paso» mientras ETA no muestre «voluntad inequívoca de dejar las armas». ¿Por qué el PP ignoró ayer este compromiso? ¿Por qué lleva el debate al terreno de las decisiones judiciales? Desde una posición ética, sólo encuentro una explicación: se usa a la Justicia como una pieza más para echar a Zapatero del poder.