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León

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LA ALARMA social por la frecuencia con que se producen agresiones a profesores y médicos, ha suscitado una reacción plausible del fiscal jefe del TSJ de Cataluña, José María Mena: ha ordenado a los miembros de su departamento que acusen de atentado a la autoridad a quienes lleven a cabo tales agresiones; esta acusación comporta penas de prisión. La orden, contenida en una instrucción interna que lleva por título «sobre la protección penal del ejercicio de las funciones públicas esenciales», responde al estado de opinión creado en Cataluña pero debería extenderse a todo el país. Eso sí estas actuaciones deberían completarse con otras medidas pedagógicas, sociales... encaminadas a prestigiar la escuela y a reducir el clima general de violencia del que emanan estas perversas disfunciones.

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