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ASSUMPTA ROURA
León

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UN BUEN amigo lo cuenta de la siguiente manera: cuando compramos un frigorífico nos aseguramos que el vendedor nos enseñe varios modelos, subraye las diferencias y obtengamos garantías sobre lo que acabará en nuestra casa. Cuando entramos en un banco a solicitar un préstamo, no hacemos más que comprar dinero. El banco se asegura de nuestra solvencia con exigencias delirantes que aceptamos con obediencia ciega. En cambio, pocas veces le exigimos al vendedor-banco que escriba con buena caligrafía las condiciones que deberemos cumplir desde el inicio de esta operación de compra-venta. Ahora, mi amigo me muestra un periódico semanal de anuncios en el que ha marcado con lápiz rojo dos ejemplos cuya franqueza de lenguaje señala una realidad social que, por el gran número de anunciantes, debe ser más extendida de lo deseable. Se trata de «empresas de mudanzas» dispuestas a sacar de una casa todas las pertenencias la noche antes de un desahucio judicial por impago de alquiler o por impago hipotecario. Cuenta mi amigo que un 90% de esta gente opta por comprar el nuevo sueño más caro y con mayor interés sobre el capital, sólo para borrar los signos de lo que ha sido una humillación. Y así hasta la muerte. En Barcelona acaban de salir a concurso 1500 viviendas protegidas en alquiler y en venta para un total de unas 400.000 solicitudes de todas las edades y condición. Mientras, basta con echar una ojeada para ver numerosos pisos en alquiler que siguen sin alquilarse años después, o las numerosas construcciones que llenan el horizonte de grúas y el subsuelo de inmigrantes subcontratados por una empresa a su vez subcontratada por otra subcontrata. ¿Quien puede pagar un alquiler medio de 1200 euros o una minúscula propiedad que no baja de los 600.000 euros? A la mayoría se les obliga a vivir tiranizados por la mentira de ser propietarios de lo que no es más que de los bancos y poco se hace para evitar construcciones catastróficas propias del desarrollismo de los años 60 y que sólo sirven para que los especuladores sigan viento en popa y para que unos pocos miles de extranjeros se jubilen con sus buenas pensiones en nuestro suelo, sujeto de estafa sobre estafa. El piso, el pareado, la segunda residencia, un apartamento en la playa cuya edificación nadie controla, alcaldes corruptos, denuncias por toda la geografía y nadie que de verdad se preocupa de lo que corre en paralelo a las necesidades del siglo XXI: un urbanismo racional y sostenible, protección del medio ambiente como un valor necesario y como un bien turístico; nadie que valore en términos reales el derecho a una vivienda según las posibilidades de cada cual. Eso sí, hablar de civilizaciones y alianzas da para mucha literatura.

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