Profesores de religión

LOS PROFESORES de religión han sido causa de debate en numerosas ocasiones en España. Salvo opinión autorizada, quizá la norma constitucional de que el Estado garantice el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, haga razonable la situación actual: desde la administración se abonan los salarios de esos trabajadores de la enseñanza. Quedan, sin embargo, cuando menos, algunas cuestiones pendientes, una de las cuales pretende resolver el ministerio de Educación. Hasta ahora, los prelados de cada diócesis pueden apartar de su función a estos profesores, al inicio de cada curso, sin causa justificada. En ocasiones, esos despidos se han basado en razones morales, como divorciarse o casarse por lo civil, decisiones que hasta donde sabemos los tribunales han considerado no procedentes en diversos casos. La administración pretende que la rescisión de los contratos se ajuste a la ley, es decir que no quepa el capricho de un obispo en asunto tan importante como es un puesto de trabajo. De la referencia que ha ofrecido el ministerio de Educación de la última reunión bilateral con la Conferencia Episcopal se deduce que la regularización de esos ceses puede ir por buen camino. No obstante, sería necesario dar un paso más, que afectaría al inicio de la relación contractual, si es que se resuelve la eventual rescisión. La designación de los profesores no tendría que ser prerrogativa exclusiva del obispo de turno, aunque se le obligue a nominar a una persona que reúna demasiados requisitos. Como en otros accesos a la administración educativa, ésta debería estar representada en la selección, del modo que se arbitre entre las dos partes. Naturalmente, las decisiones que se adopten en esta línea en lo concierne a la iglesia católica deberían ser aplicables a las restantes confesiones, aunque sea aquélla la que tiene una incidencia de peso importante en nuestra enseñanza oficial.