No es una ley de concordia

HASTA ayer, pensé que nos libraríamos de la ley de memoria histórica. Lo pensaba, a la vista de que no satisfacía a casi nadie. Pero al final el gobierno siempre encuentra aliados, y también esta vez los encontró: han sido los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Gracias a ellos, una de las medidas más polémicas continuará su trámite parlamentario. Lo lamento mucho. Una norma de este tipo, de esta intención y alcance, sólo debiera ser aprobada por unanimidad o, al menos, mayoría cualificada. Y no la tendrá, por mucho que la ensalce la señora De la Vega. Debo confesar a ustedes que de esta ley, salvo que se mejore sustancialmente en el Congreso, no me gusta casi nada. No me gusta el nombre, inmensamente largo, y mucho menos el apelativo de «memoria histórica» con que se va a quedar. La memoria histórica, o se revisa con todas las consecuencias, o es mejor no tocarla. Ya que el gobierno asegura que quiso redactar una ley para la concordia, ¿por qué no la llama así? Al menos, tendría el beneficio de la buena intención. En cuanto al contenido, es correcto. Digo más: no es tan sectario como dice la crítica del PP. Lo que le ocurre es que tanta pompa verbal y tanto trabajo tienen, al final, muy poco valor real. Está muy bien la reparación moral a las víctimas de cualquiera de los dos bandos. Pero que toda esa reparación se quede en verse en una declaración -que además hay que solicitar en el plazo de un año, y si no, se pierde todo derecho--, parece pobre recompensa para quienes han sufrido tanto. Es plausible que se a yude a las familias a recuperar los cadáveres de sus seres queridos. Se darán facilidades para localizar fosas comunes y otras sepulturas ocultas. Pero eso lo están haciendo diversas asociaciones por toda España, sin necesidad de meter al país en una especie de proceso de revisión. Si el Estado tiene en sus archivos datos de localización, como supone el articulado de la ley, los puede facilitar a los ayuntamientos, asociaciones y personas particulares, sin tener que hacer una ley específica para ello. Miren: lo realmente serio sería anular los juicios que condenaron injustamente a tantos ciudadanos en la República, la guerra civil y el franquismo. Pero eso, claro, es muy complicado. Hay que echarle mucho valor. Sería demasiado descarado. Sería el equivalente a una causa general. De esta forma, entre concesiones, complicaciones y timideces, se ha redactado un proyecto que no acaba de agradar a la izquierda e irrita seriamente a la derecha. ¿Eso es un resultado de concordia? En absoluto: es confrontación. Se vio en la primera jornada de debate: una ley pensada para restañar heridas ha comenzado dividiendo al Parlamento. Buena forma de empezar.