El PP ya no tiene pasado

CUANDO se carece de pasado, o se le niega, la memoria sobra. Por eso sorprendió que la opinión del PP en el debate parlamentario sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Memoria Histórica se emitiera desde la ingenuidad de un partido que acababa de nacer. El portavoz «popular», Manuel Atencia, afirmó que «el PP no tiene pasado ni más herencia que la transición y la democracia». El resto de los grupos cargaban así con los pesadísimos fardos de una herencia que los «populares» habrían sometido a beneficio de inventario, y rechazado en aquel momento, tal vez por porque el franquismo reaparecía con la peor de sus caras, su cuota de criminalidad. Sin la menor conexión retrospectiva con la guerra incivil y la dictadura franquista, no se entiende bien por qué el señor Atencia atacó un proyecto de ley que, según la vicepresidenta del Gobierno, sólo pretende expresar solidaridad con la víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Pero no seamos tan ingenuos como quienes carecen de un pasado que va más allá de la transición. En España, el pasado levanta ampollas, y no sólo cuando se intenta hacer sobre él un juicio de valor sino también cuando se le recuerda a un maduro político de la democracia la filiación política de su padre durante la guerra civil o la larguísima posguerra. Hubo padres fusilados por unos o por otros, exiliados, condenados sólo por unos, en la cárcel o en gratificados en sustanciosos puestos de la Administración. Venerables políticos hay a los que produjo la menor zozobra moral refrendar en los consejos de ministros sentencias como la que fulminó la vida de Grimau, a los veinte años de acabada la confrontación cainita. Las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de ley debatido sobre Memoria Histórica fueron rechazadas por amplias mayorías, pues contra los textos alternativos que presentaron IU y ERC sumó el grupo «popular» sus votos al del socialista, apoyado por CiU y CC, con abstención del PNV, mientras contra la enmienda del PP se agrupó el resto de la cámara, dibujando nuevamente la habitual soledad de este partido. El PP no podía votar a favor de los textos de ERC e IU porque eran mucho más avanzados que el del Gobierno, al exigir la anulación de todos los juicios y consejos de guerra del franquismo, mientras que el proyecto defendido por de La Vega, sin anulaciones llamativas, «reconoce con carácter general -en palabras de la vicepresidenta- la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal ocasionadas por razones ideológicas o políticas durante la guerra civil y la dictadura». Una vez superado el primer obstáculo parlamentario, el Gobierno va a intentar en serio consensuar su ley con el resto de las fuerzas políticas, lo que sugiere a partir de febrero del próximo año un alambicado juego semántico en la comisión parlamentaria correspondiente. Lo que no va permitir ningún consenso es la denuncia que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presenta en la Audiencia Nacional para que se investigue la desaparición de 30.000 personas entre los años 1936-1948. Esa denuncia abre un camino judicial contra la represión del franquismo, y dados los episodios procesales que acompañaron los últimos años de Pinochet, sería arriesgado aventurar el destino de la denuncia reseñada.