El tiempo es oro

LOS MANUALES de economía y la sabiduría convencional coinciden en afirmar la importancia de los factores temporales en la creación de riqueza. Si ello es cierto para cualquier circunstancia, acaso nunca lo ha sido tanto como en las presentes. Competir con éxito en los llamados mercados globales exige no sólo acertar en las decisiones adoptadas, sino además hacerlo en el instante justo. Pues de eso probablemente dependerá la obtención de grandes beneficios o pérdidas. Parece evidente, entonces, que, para mejorar su grado de eficiencia, todas las economías debieran realizar esfuerzos de adaptación a esa realidad. En el caso de la española, ¿cómo han lidiado sus principales instituciones con estos problemas?. Pues no muy satisfactoriamente: en nuestro sistema económico se observan retrasos sistemáticos y significativos que afectan a la evolución de los contratos y al conjunto de la actividad económica. Mencionemos algunos ejemplos. El más publicitado es la crónica dilación de las sentencias judiciales (que, no se olvide, resulta determinante para la confianza de los inversores internos y externos en cualquier sistema económico). Estudios fiables sitúan el tiempo medio de resolución de disputas sobre contratos comerciales en 515 días en el caso de España, frente a una media de 351 días para el conjunto de los países de la OCDE. En este ámbito las reformas son complejas y seguramente tarden en llegar. Mucho menos conocidos son los datos relativos a la duración de algunos procesos administrativos de fuerte incidencia sobre la actividad económica. Es el caso de los procedimientos exigidos para la apertura de un negocio. Según un organismo del Banco Mundial, establecer una nueva empresa en España consume el triple de tiempo (47 días frente a 16) que en la media de los países desarrollados, triplicando también su coste en términos relativos. En una clasificación mundial en torno a esta cuestión estaríamos este año en un vergonzante puesto 102, inmediatamente antes de Belice: una grave anomalía que no nos debiéramos permitir. Y algo parecido, aunque no tan extremo, ocurre con los procedimientos para la obtención de licencias, el acceso a servicios públicos o el pago de impuestos (la situación es mejor en relación con el registro de propiedades o el cierre de empresas). En éste como en otros terrenos, queda mucho margen para obtener mejoras de eficiencia en la economía española. A través de simples reformas administrativas, no demasiado distintas de las que se ya han llevado a cabo en otros países, es posible eliminar burocratismos inerciales, casi atávicos, que lastran seriamente la capacidad de dinamismo económico e innovación. Hagámoslo ya, que tampoco aquí hay tiempo que perder.