Gamoneda, un Cervantes peripatético El alcohol, la carretera y la Constitución

ESTOS días el nombre de Antonio Gamoneda , quien en uno de sus frecuentes y largos ataques de humildad acabar de declarar que tan sólo es «el mejor poeta de su calle» , la corta, vetusta y silente Dámaso Merino, ha entrado en nuestros más o menos o nada literarios hogares de la mano de la prensa oral y escrita, cuando no de la televisión, el teléfono u otros modernos inventos. Y no es para menos. El premio Cervantes, el Nobel de las letras españolas , por sí solo buena causa es, pero más aún si a ello unimos que el mismo día en que dicho premio le era en justicia otorgado se le entregaba el iberoamericano de poesía Reina Sofía -qué foto más entrañable la de Antonio Gamoneda con su nieta Cecilia y la Reina-, tratándose tal vez de un caso único en la literatura española. Mas único o no, resulta maravilloso que eso le suceda a este peripatético impenitente hasta hace pocos años en que una osada furgoneta lo atropelló en la calle Independencia. Y digo lo de impenitente porque hasta entonces a diario podía una toparse con los pasos ligeros de este hombre de rostro adusto, seriamente ensimismado, tanto por las inmediaciones de la Pulchra leonina, como por los altos de Nava o la bullente Eras de Renueva . Pero los atropellos, casi siempre inmisericordes, unas veces derogan caminatas y otras acotan su alcance. Y lo último es lo que le ha acontecido a nuestro celebrado poeta. En verdad, una que tanto debe al poeta y al hombre desde muy lejanas fechas (además de su magisterio en la escritura y en la vida, no olvido el padrinazgo en el Casino de León, junto a Crémer y Pereira, de mi querida Epístola a Carmen , ni tampoco el «aval» de Cuaderno de África), siente una gozosa vibración porque el último Cervantes, con justicia, remacho, ha sido concedido, a este poeta de culto u oculto, premio que sin duda alguna a partir de ahora traerá consigo el aumento de la parroquia gamonediana, siempre atenta al frío que subleva incluso desde la inmovilidad; la mentira destrozadora, convulsionadora, incompasible o que empareda el corazón; la misma contemplación de los pueblos de «sonido humilde»; las pérdidas que engendran dolor sin remisión, o el maravilloso descubrir bajo el celeste mecenazgo de la infancia, denominado desde el lado claro de alma Cecilia. Gracias, Antonio, porque desde este apartadizo León al que sólo le han privado de los tres primeros años de tu existencia has sabido extraer tantas veces, tantas, la luz de los subterráneos del dolor y ponerla de modo generoso ante nuestros ojos, a menudo abocados al llanto: «Hay luz dentro de la sombra, cunde / la centella bajo sus alas inmóviles. / Son mortales las médulas / ocultas en la luz». No sabes bien, mejor, sí lo sabes, conocedor de las «bujías del dolor», cómo consuela poder resolver aunque sea a medias cualquier sombra u oscuridad, sobre todo cuando la amada majestad de la madre inquebrantablemente se ha ido, restándonos cicatrices que de forma reiterada se abren y sangran: «Es esbelta la sombra, es hermoso el abismo: / ten cuidado, hijo mío, con ciertas alas que rozan tu corazón.» HACE veintiocho años que el pueblo español se otorgó una Constitución, que sirvió para superar una dilatada etapa en la que los derechos del ciudadano fueron cercenados. Se abrió una nueva etapa en la que España se constituyó en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y con reconocimiento expreso y efectivo del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sin embargo, recientemente se está transmitiendo a la sociedad una sensación de inseguridad colectiva. Esa actitud, sirve para justificar la limitación e incluso la privación de las libertades y de los derechos individuales de los ciudadanos y convencerles de que es necesario. Se vuelven a desempolvar conceptos como «orden público» y «seguridad», que eran propios de la etapa anterior y concordes c on regímenes de tipo dictatorial, fueren de signo fascista o estalinista. De ahí la aparición del llamado «derecho penal del enemigo», antes, contubernios judeo-masónicos. Todo lo anterior viene al hilo de la noticia aparecida recientemente en los medios de comunicación en la que, entre otras cosas, se decía algo así: «La Guardia Civil de Tráfico acaba de poner en marcha la operación Navidad para reducir los accidentes provocados por el consumo de alcohol... toda la Guardia Civil, pertenezca o no al departamento de Tráfico, puede parar a conductores para que realicen la prueba de alcoholemia... Los agentes tiene previsto parar a 30.000 conductores, entre el 11 y el 24 de diciembre, fecha en que finaliza el operativo, para comprobar si conducen bajo los efectos del alcohol». De tal campaña cabe colegir, desde un punto de vista jurídico, que la realización de estos controles de alcoholémia, obligando a todos los conductores indiscriminadamente a realizar la prueba -presenten o no síntomas- con la consecuencia de que, la negativa supone la comisión de un delito de desobediencia, implica que cualquier conductor es presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Esa actuación de la Administración, se la llame como se la llame, y aunque se pretenda justificar en la «seguridad del tráfico», supone la presunción de culpabilidad y con ello la vulneración del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución, máxime cuando, según se apuntaba en los citados medios de comunicación, el porcentaje de conductores que dieron positivo fue mínimo. Circunstancia ésta que demuestra que carece de justificación jurídica colocar en la situación de presuntos culpables a todos los conductores, pero pese a ello, se continuará la campaña Si a ello añadimos que los controles se realizan con apa ratos utilizados de forma masiva por los agentes de la autoridad, que no van a poder higienizados debidamente de forma regular, careciendo, además, de boquillas con el obligatorio registro sanitario. Difícilmente se podrán tener en cuenta los procesos de acumulación de los sensores. Por ello, incluso, se puede poner en riesgo el derecho a la salud de los ciudadanos, con la justificación de la «seguridad». Nadie niega que la persona que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas supone un riesgo para la circulación, pero ello no justifica que, a todos los conductores, la Administración les pueda considerar sospechosos o presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico. Aunque tengan cobertura legal para realizar los controles, esa norma legal es ilegítima en la forma que se ejecuta, atenta contra sacrosantos derechos constitucionales de los ciudadanos que no pueden cercenarse de este modo.