Sospechosos silencios de la Junta

EL PASADO 20 de junio presenté un escrito ante la Junta solicitando que los servicios técnicos de la sección de Industria y Energía realizase una inspección y posterior informe, para determinar si las tres líneas paralelas de alta tensión que cruzan el barrio de la Inmaculada cumplen el reglamento aprobado por Decreto 3151/68 y si el centro de transformación de intemperie respeta las condiciones técnicas y de seguridad del Real Decreto 3275/82 de ITC de 1984. Hasta el momento, se ha cumplido estrictamente el protocolo de actuación establecido cuando están implicados organismos o entidades intocables, como son en este caso Iberdrola y el Ayuntamiento: se notifica a las partes la solicitud (empleados de la empresa eléctrica efectuaron un safari fotográfico por la zona); por la Junta se procede a una rápida, somera e inútil comprobación; y, si se observan indicios de que el denunciante pueda tener razón, se traslada el escrito a Archivo General de Impertinencias, vulgarmente llamado papelera o cajón del olvido, se «contesta» con tres líneas y se le aplica el antídoto infalible del ajo, el agua y la resina. Entiendo que resulte farragoso, cansado y comprometido estudiar los mencionados Decretos. Por ello, me he permitido sustituirles en este trabajo y, obviando consideraciones sobre intensidades, tensiones, voltajes, paralelismos y cruzamientos, temas en los que me considero profano, deseo referirme al artículo 34 del 3151/68 que expresa textualmente: «Se prohíbe la instalación de apoyos de líneas de alta tensión, en zonas de influencia de carreteras de la red vecinal, a distancias inferiores a 15 metros, medidas desde su base al eje de la calzada». Según se puede observar en el plano de la zona y en el detalle del escrito, las bases y soportes metálicos 10682 y 10686 se encuentran, respectivamente, a 9 y 6 metros del eje de la calzada de la calle Mampodre, sobre terrenos de propiedad municipal, con el agravante de que el segundo está a dos metros del terreno del campo de fútbol. La aceptación por parte de la Junta del único argumento que esgrime la empresa, que los conductores (cables) tienen la altura reglamentaria, supone un insulto a la inteligencia de unos vecinos que pagan religiosamente los recibos de la luz y contribuyen a los sueldos de unos funcionarios que, en repetidas ocasiones, demuestran no merecer. Porque muy difícil va a resultar, tanto a la Junta como al Ayuntamiento e Iberdrola, justificar la existencia de un soporte metálico ubicado en el número 24 y 26 de la calle Peña Ubiña, con su base dentro de la cochera y su estructura sobresaliendo en la terraza de los edificios, construidos en 1990 durante el «reinado» del señor Morano. Los responsables directos de esta aberración urbanística, actualmente en paradero desconocido y fuera de cobertura, son perfectamente identificables: el Ayuntamiento, que concedió la licencia de obras; la constructora, que las realizó; e Iberdrola, que, o concedió la autorización, o no controló sus instalaciones. Todo ello provoca los interrogantes de quién engañó, quién se dejó engañar y quién y por qué se firmó la cédula de habitabilidad, máxime teniendo en cuenta que el trámite administrativo de la licencia exige la presentación previa de los planos y proyectos correspondientes. En lo que sí ha estado diligente Iberdrola es en exigir, para la eliminación de este soporte, 36.000 euros que serían abonados entre la empresa constructora y los vecinos, siendo estos últimos, los únicos sin responsabilidad alguna, quienes resultan finalmente los paganos, de pagar, y los sufridores de esta cacicada. Con respecto al Centro de Transformación de intemperie (único que debe quedar en la ciudad), ni se menciona, a pesar de que está instalado, también sobre terrenos municipales, a 90 centímetros de una vivienda, con el transformador a tres metros del tejado y su panel de instrumentos a la altura del suelo. Me atrevo a asegurar que ni el delegado de la Junta, ni el alcalde, ni el director de Iberdrola consentirían esta instalación junto a su vivienda. Pero, como se trata de los vecinos de este barrio, ¡que se tomen el antídoto! Confiaba, iluso yo, que la Junta, como organismo superior, ejerciese su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, no sólo al ciudadano normal a quien es muy fácil amenazar con sanciones, embargos, desahucios y hasta excomuniones, sino a todos los estamentos con independencia de su color político o poder económico. La realidad demuestra que, mientras al débil se le condena al ostracismo, con el poderoso actúan como botafumeiros y gaiteiros. Necesitamos, ya ni exigimos, que, en base a la documentación aportada y la legislación vigente, sea la Junta quien responda a nuestra reclamación y no la monopolista eléctrica cuya opinión era previsible, pues, además de los perjuicios que pueden originar estas instalaciones en la salud de los ciudadanos, está en juego la credibilidad de las instituciones y, lo más importante, la legalidad. Si una imagen, en ocasiones, vale más que mil palabras, hay silencios, como el de la Junta en este caso, que son más elocuentes y reveladores que esas mismas palabras. Y, recordando los versos del Piyayo, esta situación «a mí me da pena y aunque, en lugar de respeto, me causa un desprecio imponente».