Si Rajoy fuera presidente...

RAJOY LE CONTÓ AYER a Zapatero lo que él haría si fuera presidente. Interpretando a «todos los españoles», lo que tiene mucho mérito, adelantó sus tres condiciones desde la convicción de que ningún español podría renunciar a ellas. Helas aquí: a) que Batasuna no se presente a elecciones mientras ETA no renuncie a la violencia, b) no puede haber una mesa de partidos ni establecerse negociaciones políticas sobre ningún tema con una organización terrorista, y c) hay que aplicar la ley, y la Fiscalía General debe instar a su aplicación «con contundencia». Si se exceptúa la condición «c», de la que el presidente no habría abjurado nunca, y así se lo hizo saber el líder de la oposición, éste aseguró a la prensa que no había recibido del señor Zapatero la más mínima certidumbre. Y surge ahí la pregunta de si es posible, en un Estado de derecho, que el poder ejecutivo prohíba la participación en unas elecciones de una fuerza política legal o legalizada tras su ilegalización. Podría el Gobierno instar al poder judicial la prohibición de que alguna opción política participase en unas elecciones si viera que bajo sus siglas se ocultaba un fraude de ley, como sucedería si una Batasuna sin haberse legalizado se presentara a las municipales bajo un disfraz. Encuadró Rajoy en el marco de Génova 13 su comparecencia ante la prensa, tras su conversación en La Moncloa, para que sus criterios tuvieran formalmente el sello del PP, aunque el resto de la dirección, o algunos de sus miembros, mantuviese discrepancias sobre las rebajas navideñas que el presidente popular había hecho a sus condiciones. Porque se trata, y así lo resaltó meridianamente la vicepresidenta De la Vega, de unas condiciones que ya vienen impuestas por la ley, como la imposibilidad de que una organización ilegalizada se presente a una confrontación electoral. Y sobre la condición b), mesa de partidos y negociaciones políticas, de La Vega diferenció lo que puede tratarse en mesas políticas de lo que en ellas pudiera decidirse, pues cualquier acuerdo que se sellase, sobre todo si afectara al marco institucional o al sistema legal, carecería de validez, ya que sólo los parlamentos pueden elaborar o modificar la legislación. A veces daba Rajoy ayer la sensación de que intentaba ocultar en esa ampulosidad retórica inevitable cuando se habla en nombre de todos los españoles que el consenso sobre el proceso de paz era una realidad que debía de momento enmascararse, para que el propio PP lo fuera asumiendo paulatinamente. La respuesta, sin embargo, de la vicepresidenta, una hora más tarde, transmitió la impresión de que a Zapatero le había disgustado la postura del líder de la oposición. Pero a la luz de lo dicho por Rajoy, y reiterado por la vicepresidenta, tanto al Gobierno como el PP defienden el marco de la legalidad, del que nadie se habría salido hasta ahora, por lo que el desacuerdo obedecería más a desconfianzas personales que a discrepancias reales. Pero a las desconfianzas habría que añadirles la lucha por el poder, las estrategias para mantenerlo y, sobre todo, para recuperarlo. El consenso o la discrepancia están siendo armas de combate político. Si Rajoy fuera presidente, tal vez encontrase más apoyo en la dirección socialista.