Rebelión en las aulas

MUCHOS son los que se han sorprendido al tener conocimiento de las sanciones finalmente impuestas a los responsables de los casos de acoso y violencia escolar y sobre los que tanta tinta se ha vertido últimamente: ninguna medida que guarde proporción con un despliegue mediático que, reconozcámoslo, resulta inusitado cuando se tratan temas educativos. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo el debate social originado, de todas las altisonantes declaraciones políticas, de todas las columnas de opinión¿? Nada, un Ebro desbordado que se vacía por el desagüe de la cocina: unos días en casa para los/las culpables y, de nuevo, el silencio institucional¿ Quede bien claro que no estoy poniendo en tela de juicio ni la actuación de los responsables de la instrucción del expediente, ni las decisiones finales tomadas por los consejos escolares de los centros afectados. Soy profesor, y como tal, estoy convencido de que se obró con objetividad y de que las sanciones impuestas resultan proporcionadas a los hechos, eso sí, dentro del más que discutible margen de maniobra que la normativa vigente permite. Mis reflexiones quieren seguir otros derroteros. Por un lado me gustaría indagar en la naturaleza misma de la violencia escolar, tal como se vive ahora, y, por otro, en el papel que juega la relación alumno - profesor - padres - administración en el proceso. En estas últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de un importante número de casos que van, desde la violencia descarnada que se manifiesta en agresiones físicas o verbales, hasta el acoso sutil que destruye la estabilidad emocional de las víctimas. Con un breve repaso a la prensa, queda patente que estos hechos, a pesar de los mensajes subliminales de ciertos sectores, no guardan relación directa, ni con grupos marginales ni con ámbitos sociales desfavorecidos: se ven afectados en igual medida los colegios privados más elitistas y los centros enclavados en las zonas más degradadas. Cabe, en consecuencia, preguntarse cuándo se convierte la violencia escolar en problema social: ¿cuando los casos se multiplican realmente? ¿O más bien cuando los medios se hacen eco de ellos? Da la impresión de que para las administraciones educativas el problema social empieza simultáneamente al despliegue informativo, actitud vergonzante sobre la que sus responsables deberían reflexionar seriamente. Pero, afortunadamente, padres, y especialmente profesores y alumnos, sabemos que, independientemente de su repercusión mediática, el problema existe, y queremos buscar soluciones. La progresión en el deterioro de la convivencia en los centros puede tener causas complejas, pero de ningún modo indescifrables. A mi modo de ver, una de las raíces claras del problema estriba en una perversión de la orientación en lo que respecta a la educación integral de nuestros hijos. Como padre que soy, estimo que mis hijos han de ser educados en casa y espero del centro docente un refuerzo de los valores generales que la familia se ha esforzado en trasmitirles. Determinada legislación educativa ha potenciado una tendencia social que ha subvertido este planteamiento: se exige del centro escolar y de los docentes que sean la fuente fundamental de la educación y éstos, a su vez, sólo pueden esperar que, en el mejor de los casos, la familia prolongue esa labor en la casa. Penosa obligación es ésta para el profesorado, cuando, para más inri y por parte de quien, inexcusablemente, debiera proporcionárselas, se le deniegan las armas para llevarla a cabo; cuando se desconfía de su capacidad para sancionar comportamientos irregulares de forma directa y se le fuerza a malbaratar tiempo y energía mental en tramitaciones burocráticas arduas, fútiles y disuasorias, cuyo resultado son unos días en casa para los culpables (sanción tan «grave», como, por ejemplo, dejar al niño un par de tardes sin la «Play»). Es como si se le exigiera al cirujano la extirpación del apéndice inflamado sin permitirle el uso del bisturí, o, peor aún, como si para utilizarlo tuviera que someter la intervención, no a los imprescindibles protocolos médicos, sino a las farragosas deliberaciones de un tribunal social, mientras el enfermo se arriesga a una peritonitis o a una septicemia. Mientras tanto, continúa minándose, de forma paulatina e insidiosa, el respeto mutuo entre profesores, alumnos y padres, imprescindible en el proceso docente. Y la principal culpable de ello es esta devaluación de la figura del profesor, que viene de la mano de otra devaluación más general, la del valor que se otorga a la formación intelectual y al desarrollo del espíritu crítico. Aquí, pues, y en ningún otro lugar, ha de buscarse la culpa principal del deterioro de la convivencia en el ámbito escolar. El alivio momentáneo de los síntomas esporádicos, por llamativos que éstos sean, no detiene el avance de una enfermedad, sino que ésta se ataja en la raíz que la origina. Es hora ya de que esta realidad sea asumida para el ámbito crucial de la enseñanza por la sociedad en general y por las autoridades educativas en particular.