Al final, el Parlamento

DIECISÉIS días después, el presidente del Gobierno va a dar cuenta, en el Parlamento, del terrible atentado de Barajas. Aquello, que debería haber sido lo primero, va a ser lo último. Para cuando Zapatero hable sobre las informaciones de que disponía el Gobierno horas antes del día treinta y cuando ya estaba en el aire la amenaza de algún tipo de acción criminal, habrá habido todo tipo de debates políticos menos la obligada comparecencia del presidente en sede Parlamentaria. Para el lunes día quince habrá habido todo tipo de declaraciones y de debates e incluso se habrán celebrado manifestaciones en Bilbao y en Madrid con todo tipo de polémicas... Para entonces aún no se habrá podido escuchar nada sustancial, tan sólo evasivas e, incluso, la repetida confusión de «accidentes» por «atentados». Un fallo freudiano, en el mejor de los casos, que nos remite a un sentido de culpa difícilmente reprimible. Esta tardanza del presidente en acudir al Parlamento ha estado perfectamente calculada. Fue una decisión de primer momento y el producto de una «prudencia» tan exagerada que se corresponde al enorme desconcierto que sobrecogió al Gobierno en las horas inmediatas al atentado. La incapacidad de éste para dar una respuesta plausible al hecho criminal, a pesar de las negociaciones constantes que venía manteniendo con la banda, le llevó a señalar una fecha escandalosamente tardía. El Gobierno quiso darse un plazo que le permitiera liberarse de los miles de toneladas de escombros materiales, políticos y morales, que mientras tanto se fueran descargando las tensiones sociales e, incluso, se pudiera pensar en algún tipo de estrategia frente al PP. A ser posible, acusar a éste por su insolidaridad con la política antiterrorista del Gobierno. Había que dar tiempo a poner en marcha el aparato de agitación y propaganda. Sólo al final de todas esas medidas preventivas el presidente estaría en condiciones de dar una explicación a la rupt ura del alto el fuego por parte de ETA. La postergación del Parlamento es un hecho especialmente grave si pensamos que nuestro sistema es un sistema parlamentario, no una democracia directa o populista. Y es muy grave, además, si tenemos en cuenta que la legitimación del Gobierno para negociar con ETA le fue concedida por el Parlamento. Por esa razón es pertinente que, como pide Mariano Rajoy, se revoque la facultad concedida al Parlamento en relación con la facultad de éste para autorizar las negociaciones con ETA después de la experiencia del atentado. Al menos, el Parlamento quedará menos humillado como institución. Al menos no podrá decirse que se deja el Parlamento para el final, para cuando ya sobra todo lo que se diga.