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Publicado por
FERNANDO ÓNEGA
León

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VAN a cumplirse cuatro años de la muerte del cámara de televisión José Couso en Bagdad. Se cumplirán el próximo 8 de abril. La sociedad española no ha perdido la memoria de aquel homicidio, que fue considerado como uno de los muchos crímenes de la guerra de Irak. Fue una muerte injusta, que nos conmovió profundamente, porque un tanque disparó contra un profesional desarmado, que sólo cumplía su deber: un deber para satisfacer el derecho social a la información. Desde aquel suceso, la familia de José Couso buscó que se hiciera justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz siempre ha entendido que quienes dispararon contra Couso tienen que ser sentados en el banquillo. Lo intentó en octubre de 2.005, pero la Sala de la Penal de la Audiencia lo rechazó: según su criterio, no fue una acción criminal, sino «un acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado». Ahora, el mismo juez vuelve a dictar orden de busca, captura y detención internacional contra los tres militares imputados en el homicidio. Ignoro cuál será el destino de esa orden. No habrá ninguna cooperación de Estados Unidos, que ya se encargó de garantizar la impunidad de sus soldados en misiones bélicas en el exterior, precisamente para evitar estas extradiciones. Pero, aunque sea como mensaje a todos los países que están en guerra, se trata de una decisión ejemplar. Alguien tiene que parar los pies a las atrocidades que se cometen en las guerras. Alguien tiene que frenar la muerte de profesionales de la información en esos conflictos. Y ese alguien debe ser la Justicia. No un juez aislado y casi heroico como Pedraz, sino la Justicia internacional. No digo, por supuesto, que estos tres militares deban ser condenados. Como cualquier otra persona que ha cometido un delito, tienen derecho a un juicio justo. Y tienen derecho a esperar que se proclame su inocencia, porque su acción pudo haber sido, efectivamente, el resultado de un error humano. Pero una cosa es la impunidad absoluta, derivada de una protección sin límites al soldado en misión bélica y de esa laxa justificación de los «daños colaterales», y otra muy distinta es que se cumplan los protocolos internacionales de protección al derecho a la información en los conflictos. Por ello, hoy es el día de suplicar a la Audiencia Nacional: no dejen solo al juez Pedraz. No vuelvan a rechazar su orden de captura. Aunque no consiga sentar en el banquillo a los homicidas, esos militares y todos sus compañeros deben saber que una guerra no es una licencia absoluta para matar impunemente. Es una demanda que hacemos en defensa del derecho a la información. En nombre de uno de sus mártires, que ha sido José Couso. Y en su memoria.

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