Una decisión discutible

EL PLENO de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por amplia mayoría-doce votos contra cuatro-rechazar la petición de prisión atenuada que el fiscal, invocando el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había solicitado para el etarra De Juana Chaos. Naturalmente, es necesario respetar plenamente la decisión de los jueces, que en nuestra democracia son los únicos competentes para decidir la situación penitenciaria de un preso preventivo. Pero, con todas las cautelas que aconseja un caso tan delicado y advirtiendo que no conozco todavía ni el auto ni los votos particulares, y sopesando pros y contras, creo que la propuesta del fiscal -prisión atenuada- era la solución más acertada si se considera que ésta, además de primar el derecho a la vida, en coherencia con la jerarquía constitucional, dejaba sin coartadas a los violentos y acreditaba la superioridad moral de la democracia. A todo ello hay que añadir que De Juana, cuyo estado de extrema gravedad es consecuencia de sus propias decisiones, no está en la cárcel por los atroces crímenes que ha cometido en el pasado (esa deuda penal con la sociedad la había saldado ya de acuerdo con una estricta aplicación de las leyes vigentes), sino como consecuencia de una condena, que todavía no es firme, derivada de la publicación de dos artículos que contenían diversas amenazas a jueces y responsables penitenciarios. El Estado de derecho al que alude nuestra Constitución exige que la aplicación de las normas que nos hemos dado para proteger a la sociedad frente al terrorismo sea contundente y sin fisuras, no sólo para sancionar estos gravísimos delitos, sino también para prevenirlos, tal y como corresponde al terrible reto que significa esta clase de crimen organizado. Sin embargo, si esto resulta imprescindible, tanto o más lo es no prescindir de las conquistas irrenunciables del Estado de derecho en aras de una supuesta eficacia a corto plazo en la lucha contra el terrorismo. Si por cualquier razón, o bajo cualquier pretexto, olvidáramos este principio, degradaríamos nuestra propia diferencia ética y moral, a la vez que ofreceríamos coartadas de legitimación a los terroristas. Es cierto que ETA y su complejo entramado no dudan en utilizar perversamente los principios y las instituciones democráticas en su propio beneficio, provocando grietas, cuando no fracturas, entre quienes deben aplicarles con todo rigor el derecho penal. Pero no por ello los demócratas renegamos ni de los principios, ni de las garantías, ni de las instituciones. Desde luego, al terrorismo hay que combatirlo con todas las normas del Estado de derecho, pero también con la inteligencia y la altura moral que nos distinguen de los violentos. Por eso la decisión de la Audiencia Nacional, aun respetándola, me parece discutible y de dudosa eficacia.