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León

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LA INTERSECCIÓN entre política y justicia, debe ser hasta cierto punto inevitable, y así sucede en todas las democracias. Es verdad que la ubicación institucional de la Fiscalía en nuestro modelo constitucional no ayuda a la separación, pero quizá sea bueno que existan puentes, que abonan la tesis de la cooperación de poderes y que tampoco son los que auspician la verdadera colisión. Porque el escándalo que contamina al Poder Judicial lo protagonizan, de un lado, los partidos que son incapaces de designar a tiempo a los miembros del CGPJ cada vez que debe renovarse este organismo. Y, de otro lado, los profesionales de la judicatura que, como cada vez, aceptarán ostentar sobre los hombros la etiqueta política del partido que los propone. Y si las cosas son así y no se remedian, ¿cómo podrá evitarse que la justicia se politice?

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