Lo moral vs. lo legal

EN ESTE tiempo se sustancian acciones e intenciones políticas muy controvertidas. Las fuerzas políticas, en grave desencuentro, deberían observar si existe un criterio mayoritario del ciudadano medio en la valoración de esas acciones, de tanto calado para nuestra convivencia. Es un privilegio disfrutar de un sistema democrático regido por el Estado de Derecho. Toda acción debe someterse al imperio de la ley. En su primera acepción el Diccionario afirma que ley es «regla o norma constante e invariable de las cosas». En la tercera «precepto dictado por la autoridad competente en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados». La cuarta acepción coincide con el significado actual más generalizado: «En el régimen constitucional, disposición votada por las Cortes». Este concepto no contiene ninguna referencia ética o moral. Es ley, la ley positiva, que a su vez conforma el derecho vigente. La pregunta podría ser: ¿qué interesa más a la hora de valorar una acción política: lo estrictamente legal o lo moral? Sin duda, a los Tribunales lo legal, pues, deben juzgar aplicando la ley. No obstante, cuando el ciudadano medio enjuicia esa acción política su criterio moral determina su valoración. Es profano en Derecho, pero está dotado de su propio juicio moral que le permite valorar si lo que sucede, está en consonancia con la justicia y el bien de los gobernados. Se reproduce así en la opinión pública la tercera acepción de la ley. En muchas cuestiones la valoración será diversa, pues, depende del criterio moral personal. Pero, en todo caso, la clase política debe ser consciente de que cuando el ciudadano emita su voto, máxima expresión de soberanía popular, valorará, más allá de lo legal, lo moral en la acción de sus gobernantes.