¿Tienen dueño los jueces?

MUCHAS decisiones del Poder Judicial se adivinan anticipadamente desde la política, tal vez porque ningún partido duda de la supuesta fidelidad de sus jueces, dicho sea de un modo destemplado, propio de la ocasión. Y es que a veces o frecuentemente da la sensación de que al apadrinar a un magistrado, el partido que lo apadrina se siente propietario de él, estableciéndose una relación entre la ley y el magistrado de exquisita obediencia, por lealtad o gratitud, a una ideología política determinada o a unos intereses partidistas concretos. Con motivo del recurso interpuesto por el Pasrtido Popular ante el Tribunal Constitucional contra muchos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se ha visto que ni la Generalitat ni el Gobierno central, ni el arco parlamentario, excepto el Grupo Popular, mostraron la menor inquietud mientras existió en el Constitucional un equilibrio entre magistrados conservadores y progresistas, como si el estudio de la adecuación o inadecuación de un estatuto a la carta magna dependiera de la estampilla política de cada juez. El presumible empate a seis se hubiera dirimido por el voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas, cercana al socialismo. Pero nada más decidirse por el alto tribunal la recusación de uno de sus miembros, Pablo Pérez Tremps, de padrinazgo socialista, han empezado a sonar las trompetas victoriosas del PP, como si un solo voto de mayoría conservadora supusiese ya el desmantelamiento judicial del Estatut. El juez recusado se mostraba ayer dolido y, según él mismo declaró, «no muy a gusto». No mostró, sin embargo, la menor sorpresa porque ya venía enterándose minuciosamente por algunos medios de comunicación del debate que mantenían sobre el asunto sus compañeros magistrados. Su única sorpresa, dijo Pérez Tremps a una emisora de radio, se debió el hecho de que unos miembros del alto tribunal votasen un día una cosa y, seis meses después, la contraria. Seis meses antes, la recusación solicitada por el PP fue rechazada. Pero lo que desazona a muchos españoles o, al menos, a uno de ellos es que, preguntado Pérez Tremps si la ciudadanía puede confiar en la Justicia, en la independencia de la Justicia, respondió de un modo que enciende demasiadas señales de alarma en nuestro sistema institucional: «Me pide usted una valoración que ahora mismo, por estar en caliente, no debería hacer». Y seguidamente, como si no se hubiera sembrado una enorme congoja, habló de que a las instituciones conviene cuidarlas mucho. Tal vez una manera de cuidarlas sería que los partidos disimularan sus anticipadas certezas sobre ciertas decisiones de los jueces, en un ejercicio de discreción hipócrita, o que el PP no se hubiera opuesto ayer a que, en caso de una posible dimisión de Pérez Tremps, su vacío fuera cubierto por designación de un sustituto, lo que replantearía la igualdad entre «progres» y «carcas», por emplear vocabulario del siglo XIX, hacia el que nos encaminan. Qué pereza da desandar dos siglos.